A su vez, el defensor del Pueblo Adjunto sostuvo que el marco normativo instituido en los años 90 también posibilita el traslado de Ingresos Brutos y ello genera, a partir de las diferencias existentes entre jurisdicciones, serias inconsistencias. “Por ejemplo, si tomáramos dos hogares de igual consumo, uno ubicado en el Conurbano y otro en Puerto Madero, el primero paga un cargo variable mayor respecto al usuario que vive que en la zona más exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó.

El Defensor del Pueblo Adjunto también advirtió que, mientras se multiplican las utilidades de las empresas distribuidoras, cae el número de usuarios en la Provincia y se incrementa la cantidad de hogares que no acceden a la red.

“Los incrementos que se vienen aplicando desde hace tres años violan los requisitos de previsibilidad, gradualidad y razonabilidad que en su momento estableció la Corte Suprema de Justicia. A punto tal que si ahora se aprueba el aumento que propone Camuzzi, los precios en algunas categorías de usuarios acumularán una suba de más de 2300% en los últimos tres años. El último balance de Camuzzi Gas Pampeana muestra que, pese a la devaluación, sus ganancias aumentaron más del 88% el año pasado”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense.

En ese contexto, salieron a la luz incongruencias manifiestas en lo que se refiere a la importación y exportación de gas. Concretamente, YPF viene realizando contratos de exportación a Chile que contemplan precios mucho más bajos respecto a lo que se le paga a Bolivia por la importación de gas no industrializado.

“YPF, que tiene la mayoría accionaria de Metrogas, le vende gas a Chile a 3.86 US$/MMBTU, mientras en la última adenda del contrato con Bolivia se estableció un precio de importación de 7,14 US$/MMBTU. Es una ecuación que no cierra por ningún lado y que requiere explicaciones por parte del gobierno”, concluyó Martello.