DIB - Frente a lo que significa un fuerte impacto operativo y económico (se estima entre 12.000 y 15.000 millones de pesos), que implicaría una reimpresión completa, el tribunal dispuso una serie de medidas informativas y administrativas. La resolución destaca la “trascendencia institucional” del caso y la necesidad de asegurar la realización de los comicios en la fecha prevista, en un contexto en que los tiempos logísticos y presupuestarios del proceso electoral se encuentran bajo fuerte presión.

En ese sentido, le pidió al Gobierno que informe antes del miércoles a las 8.30 el costo de la eventual reimpresión de la totalidad de las boletas únicas en papel (BUP) y si existe partida presupuestaria habilitada para afrontarlo. También la Justicia solicitó conocer los plazos concretos de impresión y la fecha de entrega de las papeletas, ya que deben ser revisadas antes de empezar a ser distribuidas.

En este punto, la Junta también le pidió al Correo un informe para que detalle los plazos mínimos necesarios de distribución, en tiempo oportuno, del material electoral a todas las mesas de votación que se habilitarán en este distrito.