El Tiempo-La iniciativa llevó las firmas de los concejales Xavier Cabrera, Inés Laurini, Gastón Blando, Gisela Arbiza y Jorge Ferrarello. Al momento de la votación obtuvo el apoyo de los bloques Fuerza Patria, Peronismo para el Desarrollo, UCR para el Desarrollo, GEN, Somos Buenos Aires -ex Podemos Azul- y Nuevo Azul; en tanto fue rechazado por los ediles de La Libertad Avanza, UCR y UCR Azul.

En la Resolución se mencionó que "la Ruta Nacional N° 3 (RN3) se extiende por 3.079 kilómetros en paralelo al litoral marítimo, uniendo las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur".

Precisamente, se añadió, "por esta característica, es una arteria fundamental para la economía nacional ya que conecta la producción y la logística con el sistema portuario, desde la provincia de Buenos Aires hasta el sur del país".

"Debido a ello, se caracteriza por el alto flujo de camiones que transportan gran parte de la producción cerealera, de carne y de ganado en pie, productos industrializados, regionales, de frutas y pesca de la Patagonia, y la explotación de cemento de Olavarría, entre otros".

En ese marco se recordó además que, "en el año 2022 y después de la experiencia frustrada de las PPP, en el marco del Plan Argentina Grande, se comenzó a trabajar en la Variante Cañuelas, avanzando con las licitaciones en distintos tramos -de los 14 previstos- para transformar en Autopista la RN 3, entre Cañuelas y Azul".

Sin embargo, se remarcó en el proyecto de Resolución, "desde la asunción de Javier Milei [en el Ejecutivo nacional] y su política de freno a la obra pública, entre las 2.284 obras que han quedado paralizadas e inconclusas en todo el territorio nacional, se encuentra la Autopista RN3".

Asimismo se recordó que "el Poder Ejecutivo Nacional convocó a Licitación pública nacional e internacional con el objeto de concesionar diversos tramos de la Ruta Nacional N° 3, y que por Resolución de la Dirección Nacional de Vialidad N° 827/2025 se convocó a Audiencia Pública correspondiente a la Etapa ll del tramo sur, el día 11 de junio de 2025 en la ciudad de San Miguel del Monte".

Los concejales autores de la iniciativa sostuvieron que "de dicha licitación se desprende que el Estado nacional abandonó el proyecto de Autopista y que será el concesionario el encargado de llevar adelante tareas de repavimentación, mantenimiento y mejoras a partir de la implementación de un sistema de peajes, otorgando a las empresas privadas la concesión por 25 o 30 años".

De manera paralela a ello "el Gobierno de Javier Milei dispuso la disolución de la Dirección de vialidad Nacional (DVN), organismo creado en 1932 y responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales". Además, "sus funciones serán traspasadas al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios públicos de Transporte".

Por otro lado, se puntualizó que "en el mes de julio la Justicia Contencioso Administrativa frenó el cierre de la DNV [Vialidad] haciendo lugar a una medida cautelar, en tanto se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto de disolución".