A través del Dr. Leandro Nicolás Sverdlik, Vialidad tomó parte en la causa que la comuna de Azul inició en el Juzgado Federal 2 de aquella ciudad contra ese organismo nacional y contra la empresa Corredores Viales por “omisión de sus obligaciones, habiendo decidido el abandono y la falta de servicio de la Ruta Nacional Nro. 3”.

Al comenzar a responder la demanda, el abogado negó que “la Ruta Nacional Nro. 3, en el tramo que atraviesa el partido de Azul, presente un deterioro significativo y que en su circulación sean frecuentes siniestros viales que hayan provocado la muerte y lesiones de muchas personas”.

Además, de forma terminante, el abogado también negó que “Vialidad haya decidido el abandono y la falta de servicios de la Ruta Nacional Nro. 3”.

Afirmó que no le consta que el tramo entre “Azul y Cacharí, y en particular en el sentido de circulación sur a norte, se encuentre caracterizado por la presencia de importantes deformaciones en la calzada en la mano descendente, que posea escasa señalización horizontal y que las banquinas se encuentren en mal estado y/o descalzadas”.

Pero además, el representante de Vialidad niega que “el mantenimiento de las vías de circulación corresponda indudablemente de manera exclusiva al Estado nacional; en todo caso, se trata de una afirmación discutible de un paradigma claramente en crisis sobre lo que debería ser el Estado. En todo caso, esta discusión fue zanjada en las últimas elecciones presidenciales ocurridas en la República Argentina, en las que venció la candidatura que propuso la abolición de la obra pública”.

En este sentido, Sverdlik justificó esto con que “el candidato que propuso la inhabilitación del Estado para intervenir en rutas nacionales, como la RN3, obtuvo en el municipio de Azul más del 57% de los votos”, usando un artículo de TN para ilustrar el resultado, añadido al escrito.

Además, para el letrado, “las rutas nacionales que integran la red nacional de caminos conforman obras públicas y no servicio público; consecuentemente, no corresponde aplicar el principio de continuidad para el presente caso”.

En el apartado “La Verdad de los Hechos” sostiene que “en cumplimiento de sus propuestas de campaña, la nueva gestión presidencial se abocó a, primero, limitar y luego extinguir el gasto e inversión en obra pública general y en la obra pública vial en particular; consecuentemente, conforme las nuevas políticas gubernamentales en la materia (...) que contempló la limitación del contrato, por lo que se procedió a tramitar la recepción provisoria y luego definitiva de la obra”.

En este apartado, además de pedir el rechazo de la demanda al juez Bava, Vialidad Nacional indica que, pese a todo, los trabajos “están en cabeza de la contratista, en este caso CV1 Concesionaria Vial S.A., todas las tareas de mantenimiento y conservación de la ruta”. Aquí comete un error el letrado, ya que posteriormente menciona a la empresa como “Corredores Viales”, que es la actual concesionaria.

Ahora será el magistrado quien tiene que definir cómo continuará la demanda.