La querella contiene un informe de la Procuración, en donde se prueba que la cementera maximizó sus ingresos y obtuvo grandes beneficios con el golpe cívico-militar, ya que redujo sus costos en materia de indemnizaciones, luego del asesinato, en mayo de 1977, del abogado laboralista. 

“Somos querellantes en esta causa que está en proceso, pero la hemos profundizado y reactivado con esta presentación” manifestó Guido “Kibo” Carlotto a LU32 este miércoles.

“Queremos que las causas como ésta, que involucran a civiles vayan con la celeridad necesaria, aunque sabemos como actúa la Justicia”, explicó el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia, que en la mañana de este miércoles acompañó a Matías Moreno, a presentarse en los tribunales azuleños.

Moreno afirmó a LU32 que está pronto a concretarse el llamado a indagatoria en la causa de unas 20 personas, que no precisó, pero que incluye a militares, policías y civiles.

Agregó que tras la decisión del tribunal de investigar al directorio de la empresa de aquellos años y la confirmación de Casación, la causa estaba sin querellantes. Ahora tiene como particulares damnificados a los familiares y como querellantes a las secretarías, lo que servirá para profundizar y colaborar con la misma.

Moreno sostuvo, sin embargo, que es muy bueno el trabajo que viene haciendo en la instrucción el Fiscal Walter Romero, subrogante marplatense de la fiscalía federal de Azul.