NA - La oposición, nucleada en el interbloque peronista, la UCR, el PRO y los bloques provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y de Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.

Desde el 12 de marzo de 2003 el Congreso no rechazaba un veto total. Fue durante la administración de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio del gran estallido de 2001.

La ley de discapacidad aprobada, por abrumadora mayoría por el Poder Legislativo, declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable hasta 2027, y dispone una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023 hasta la fecha.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley, que contempla una actualización de las prestaciones y asignaciones para los talleres para personas con discapacidad, tiene un impacto que oscila entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre de 2026.

Un punto clave de esta ley es que las 200.000 contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar siempre que no superen los dos salarios mínimos.

Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo con los índices de inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).