"Rechazamos las acusaciones de malversación y extorsión y hacemos pública nuestra solidaridad con él y todxs lxs compañerxs de la organización. ¿Es una casualidad que el compañero sea uno de los principales testigos en el caso de la venta fraudulenta de terrenos que involucra a funcionarios municipales?

Esta denuncia y su difusión local y nacional forma parte de una campaña más general de criminalización, injurias y estigmatización, por medio de la cual se ataca a las organizaciones que estamos en la lucha por trabajo genuino, asistencia integral a los comedores populares, urbanización, tierra y vivienda para lxs vecinxs de los barrios de la ciudad y las localidades. Ya el año pasado Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, recibió una acusación similar por parte del fiscal Marijuan, emparentada con una oleada de ataques al movimiento piquetero a la que se subieron desde Milei, Larreta y Bullrich hasta Kicillof y Cristina Kirchner. Ahora, apenas pasadas 48 horas de la denuncia, una nota de Clarín que incluye la infaltable referencia a aquella denuncia trucha contra Chiquito, se hace eco de ella. Por eso es que este tipo de operaciones deben interpretarse en el contexto del furioso proceso en curso de ataques al derecho de protesta como el que ha provocado la rebelión del pueblo trabajador jujeño contra Morales y su reforma dictatorial.

Lo que pretenden este tipo de denuncias es, por un lado, reforzar el aparato punteril de intendentes como el larretista Ezequiel Galli que manipulan la asistencia social, una práctica que es repudiada en los barrios y que quedó demostrada con la corrupción en el uso de los recursos asistenciales, como en el caso de la Tarjeta Cabal y los vales de alimentos frescos (que nunca recibió difusión por parte de medios nacionales a pesar de ser un hecho comprobado). Buscan el traspaso de los planes a los gobiernos para consagrar el enorme fraude laboral que representa obligar a los beneficiarios a realizar tareas que deberían desarrollar trabajadores bajo convenio y con plenos derechos, por un ingreso de subsistencia como es el del Potenciar Trabajo. Por otro lado, estos ataques también buscan legitimar el ajuste para recortar y ponerle fin a este tipo de planes y asistencia social. Este es el reclamo del FMI que la ministra Tolosa Paz viene llevando adelante con firmeza y que comparten los grupos patronales para poder pagar salarios incluso por debajo de los montos del Potenciar.

Acerca de los aportes que realizan lxs compañerxs a la organización, como lo hemos explicado en otras oportunidades, no tenemos nada que esconder. La autogestión y autofinanciamiento de las organizaciones se basa en el aporte voluntario de sus integrantes y en un método democrático de asambleas, control colectivo y rendición de cuentas. Ante el agravamiento de la crisis económica y social, somos las organizaciones y lxs compañerxs lxs que sostenemos desde nuestro bolsillo, con actividades financieras y donaciones, el funcionamiento de estas iniciativas en la perspectiva de organizarnos y reclamar por las demandas vecinales.

El Estado no cumple con obligaciones tan básicas de asistencia como la entrega de alimentos para comedores y merenderos barriales. Denunciamos (y esperamos la misma repercusión que tienen las falsas acusaciones) que los gobiernos nacional, provincial y municipal no entregan la mercadería porque usan esos recursos para la campaña electoral. Juegan con la comida de las y los pibes de los barrios.

Vamos a seguir organizándonos de manera independiente de los gobiernos ajustadores y represores. Seguiremos luchando en conjunto, como lo haremos el próximo martes 4 de julio en una nueva jornada de lucha de la Unidad Piquetera en todo el país.