El documento contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso.

Prevé además la derogación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad,  y declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025

Por otro lado, promueve la privatización de las empresas públicas “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión”. Entre las más de 40 empresas que se buscan privatizar se encuentran Aerolíneas Argentinas, YPF, el Banco Nación, Energía Argentina S.A, Ferrocarriles Argentinos, Televisión Pública, Radio Nacional y Télam.

Asimismo, el Gobierno también busca eliminar la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones y pensiones, asumiendo la potestad de “realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”. No se detalla cada cuánto serán los aumentos ni qué indicadores se tomarán como referencia.

En el capítulo destinado a la organización de las manifestaciones, se propone que quienes impidan o entorpezcan el funcionamiento de los transportes (por tierra, agua o aire) sean condenados de 1 a 3 años y seis meses de prisión. Las penas aumentarán si se utilizan armas y para los organizadores de las manifestaciones (prisión de 3 a 6 años). Además, los organizadores serán “solidariamente responsables por los daños” que tuvieran lugar durante las marchas.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae