Con información de DIB y Télam

"No se evidenciaría objetivamente la ´necesidad´ de adoptar tan numerosas medidas y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- intentar justificarse en la referencias genéricas a 'un hecho demostrado', lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizorarían las que se alegan constituyan razones de 'urgencia' para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo", sostuvieron los jueces en el fallo.

"Varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como 'leyes antievasión'", agregaron.

Los jueces destacaron, además, que "no se explica cómo las reformas planteadas, de aplicarse en forma inmediata y por fuera del trámite normal de sanción de las leyes, podrían remediar la situación referida a la generación de empleo formal, máxime cuando el propio decreto reconoce que se encuentra estancada hace 12 años, lo que impide -en principio- considerar la irrupción de alguna circunstancia súbita, imprevisible o de extrema 'excepcionalidad'".

Cabe recordar, que las modificaciones laborales en el Decreto de Necesidad y Urgencia establecían la ampliación del período de prueba de 3 a 8 meses, la restricción en el derecho a huelga en servicios como transporte y educación, eliminación de multas por trabajos no registrados, y cambios en el sistema de indemnizaciones.

Sin embargo,  según le adelantaron fuentes oficiales al diario Clarín, el Gobierno apelaría a la decisión de la Cámara del Trabajo e insistirá en que el tema es de competencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y no del fuero laboral.

La apelación del Gobierno se realizará a través del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, quien reclamará por la vigencia del DNU.