El magistrado opinó que no hay un criterio unívoco de la Corte en materia del control de la constitucionalidad de los DNU, así como también si va a reconocer que esta tarea le pertenece al Congreso.

Sobre los alcances de la medida cautelar, indicó que se dispuso porque se consideró que las reformas afectaban a sectores vulnerables, como los trabajadores.

No obstante, aclaró que no se determina si la suspensión es para todo el país –dado que se da a partir de un pedido de la CGT- o si es solo para trabajadores de Capital Federal, ya que la sentencia está realizada allí. “Dado el reconocimiento de incompetencia y que es un pedido de una Confederación, me inclino más hacia el nivel nacional”, consideró.

En otro orden, aseguró que la cautelar “tiene cierto dato de apuro”. Explicó que no se menciona porque las reformas son perjudiciales, “simplemente se limita a hablar del DNU, incluso cita las bases de Alberdi, pero en ningún momento establece o define cuál es el perjuicio”. Añadió que por esa razón, “hay una nebulosa”.

Luego de referirse a las normas que dejaría sin vigencia la cautelar, se expresó en relación a la apelación que presentará el Gobierno Nacional, que fue confirmado en la mañana de este jueves. Destacó que todavía queda pendiente el trámite en las Comisiones Bicamerales, y agregó como dato a tener en cuenta, que un artículo de la Ley Ómnibus establece la ratificación del DNU. “Es algo extraño”, completó, y concluyó que todavía queda pelea para la discusión técnica del documento.