Según pudo averiguar Lu32, el gremio definió concretar la presentación, ante el peligro que supone la desfinanciación a través de la quita de los aportes de ley que los trabajadores hacen, y que el DNU dispone.

También piden que la Justicia defina sobre el tema del vencimiento de las convenciones colectivas de trabajo.

Además, dicha presentación plantea que el DNU “implica una indebida intromisión en el patrimonio y en la vida interna del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, violentando el derecho de propiedad de la entidad sindical en relación a la existencia y funcionamiento misma de la entidad”.

Asimismo, “ocasiona al Centro de Empleados de Comercio de Olavarría un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, produciendo un agravio suficiente que justifica una inmediata presentación judicial”.

Por otra parte, explican que “los arts. 65 a 71 y 74 a 85 del DNU 70/2023, modificatorios de la Ley de Contrato de Trabajo, vulneran derecho de los trabajadores, a través de un mecanismo viciado de nulidad absoluta e insanable porque se entromete en materia reservada por la Constitución Nacional al Congreso de la Nación y/o cada una de las Provincias”.

“No hay motivo, ni urgencia alguna, que implique justificar el dictado de un decreto de necesidad y urgencia”, añade la presentación a la que dio lugar la Justicia.

Vale mencionar que la misma fue llevada adelante por Matias Chiozza y Marcos Bonavetti, abogados del CECO.