Las veedurías en las entidades surgieron de una acción conjunta entre la empresa que se encarga del sector eléctrico, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) está en el centro del negocio de la energía eléctrica en Argentina, con todo lo que eso implica en un país en el que se busca recomponer tarifas, que llevan aumentos de más de 300% desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y donde se quitan subsidios para sostener la política de déficit cero. Todo en medio de una tensión constante entre las autoridades y los grandes jugadores del rubro, las empresas que se encargan de la generación, el transporte y la distribución de la electricidad.

Este año, en medio de puja por deudas que arrastraba el Estado con empresas de generación –que terminó con un bono para pagar una deuda de unos USD 1.200 millones– se habló de que Cammesa podría desaparecer. Al menos hasta ahora no ocurrió. Sí se anunció, días atrás, que la estructura ejecutiva del sector, la secretaría de Energía, sufría cambios en su cúpula: el secretario Eduardo Rodríguez Chirillo fue reemplazado por María Tettamanti. Fue una movida que muchos tomaron como un episodio del desembarco, tibio por el momento, del PRO de Mauricio Macri, en un sector estratégico para el país.

Ahora, en paralelo, Cammesa –que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)– anunció que intervendrá a 7 cooperativas eléctricas y reclama una deuda total para el sector de $325.000 millones por energía despachada que nunca se cobró. La medida se tomará en una acción conjunta con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Inaes, el organismo de Capital Humano que controla el funcionamiento de las cooperativas en todo el país.

Las apuntadas, siempre según Cammesa, son las cooperativas eléctricas de Villa Gessell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio y Tres Arroyos, todas de la provincia de Buenos Aires; más la de Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la de Río Grande, en Tierra del Fuego. Según los números oficiales, sólo esas siete acumulan una deuda de 53.000 millones de pesos. En breve podrían sumarse más.

“Cammesa está luchando para que las tarifas sean justas, pero para eso todos tienen que pagar. No es justo que la gente pague, las cooperativas no y que dinero lo tenga que poner el Estado con impuestos o emisión. Estas entidades no pagan, pero le siguen cobrando a la gente”, detalló en un breve diálogo con Infobae Mario Cairella, vicepresidente ejecutivo del despachante nacional. Cairella ya ocupó ese cargo entre 2008 y 2009, durante el gobierno de Macri y llegó a La Libertad Avanza como parte de los equipos técnicos de José Luis Espert.

En la institución de Olavarría, hasta este miércoles a primera hora, aún no se había recibido ninguna notificación, por lo que se excusaron de hacer declaraciones públicas, hasta no tener más precisiones.

El tema del endeudamiento con la empresa proveedora de la energía no es algo nuevo, pero ha habido un cambio respecto a la actitud del gobierno nacional. Hasta el 10 de diciembre, el no exigir la deuda pero no otorgar aumento de tarifa, resultaba en un acuerdo tácito para que el dinero que recauden las cooperativas de sus asociados se derive a otros gastos de funcionamiento. Ahora, el gobierno de Javier Milei cambió la ecuación en torno al tema.