En contraposición, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 26 firmas, que mantiene el criterio actual de exigir una sentencia confirmada por la Corte Suprema para inhabilitar a un funcionario. Otros espacios políticos también marcaron su postura: Encuentro Federal y Democracia para Siempre presentaron dictámenes de minoría por separado, mientras que el Frente de Izquierda rechazó por completo la iniciativa.

El proyecto impulsado por el oficialismo amplía la inhabilitación a todos los funcionarios de la Administración Pública Nacional, estableciendo un criterio más estricto en términos de idoneidad. Busca impedir que personas condenadas por delitos dolosos de corrupción con sentencia firme en segunda instancia puedan acceder a cargos públicos.

DIB