El ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y un grupo de 20 intendentes del interior bonaerense firmaron una presentación judicial contra el gobierno de Javier Milei, al que acusan de desviar fondos multimillonarios asignados por ley al mantenimiento y ampliación de la red de nueve rutas nacionales que atraviesan el territorio bonaerense, donde desde diciembre de 2024 se paralizaron todas las obras.

Se trata de una acción preventiva en la que se advierte sobre la falta de transferencia de fondos provenientes de la recaudación de impuestos que debieron depositarse en un fideicomiso creado hace años para financiar la ejecución de infraestructura vial, pero que no fueron depositados. En concreto, Provincia advierte que a raíz de esa maniobra, la inversión de Vialidad Nacional en los tramos bonaerenses de las rutas nacionales cayó un 85,9% el año pasado.

En la presentación se señala que producto de la paralización de los trabajos en que derivó esa falta de financiamiento, “se encuentran en juego los derechos a la seguridad de los usuarios” de las rutas y que existe un “riesgo de vida derivado del incumplimiento de las obras y mantenimiento en la red vial”, a lo largo de unos 4 mil kilómetros de un trazado (rutas 3, 5, 7, 8, 9, 33, 188, 205 y 226) que atraviesa 57 municipios.

En la demanda se pide a la justicia que le ordene al gobierno nacional que reinicie las obras pero además se requiere información sobre el destino final de los fondos (200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles y $1 billón surgido del Impuesto PAIS) que debían depositarse en el fideicomiso pero nunca llegaron a ese destino. Se advierte en ese marco sobre futuras acciones penales contra funcionarios del Ejecutivo por este tema.

“Cada vez que cargás combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono”, explicó Katopodis tras una reunión con los alcaldes en Luján para firmar la presentación. Agregó que “Milei es el único presidente que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución”.

En un informe que elaboró la provincia se precisa que Nación está obligada, según la ley 23.966 a transferir el 28,58% de la redacción del Impuesto a los Combustibles al Fideicomiso del Transporte y, de ese total, el 50% debía ir al de ese total al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) para ser financiar específicamente obras en los corredores viales. Pero solo llegó el 40% de los $349,13 mil que hubiesen correspondido según ese mecanismo de reparto.

El documento, titulado “El gobierno nacional retiene fondos recaudados con impuestos que debía invertir en rutas” denuncia un desfinanciamiento adicional. Según el decreto 193/24, el 28,2 de los recaudado por Impuesto País (hoy eliminado) debió destinarse a la Secretaría de Obras Públicas para obras de infraestructura, “incluyendo las viales”. Pero solo se ejecutó un 2%, por lo que “se quedaron” con cerca de un billón de pesos.

La presentación fue respaldada por los intendentes de Escobar, Lujan, Exaltación de la Cruz, Ramallo, San Andrés de Giles, Mercedes, Carmen de Areco, Cañuelas, Alberti, Bragado, Carlos Casares, Chacabuco, Las Flores, Mar Chiquita, Benito Juárez, Saavedra, Tornquist, Azul, Bolivar, Gral. Villegas.

Según información de Infraestructura, en 2024 además de la caída en el mantenimiento, no se registraron avances en obras como la  del tramo 1 de la AU Presidente Perón, que tenía un avance del 86% a noviembre de 2023;. Del tramo dos de esa misma autopista (avance del 96%), de la llamada “Variante Chacabuco” de la Autopista en Ruta 7 (avance 74,54%); de obras en el acceso a Bahía Blanca en la ruta 33 (avance 44%), de la autovía en Ruta 3 “Variante Cañuelas” (avance de 5% en un año), entre otros trabajos.