Además, en marzo de 2023 la Suprema Corte trasladó a los juzgados de garantías la competencia para dictar medidas de protección en casos de violencia familiar y de género que exigen urgencia en la resolución.Los resultados son contundentes: aumento sostenido de la carga de trabajo, escasa inversión en recursos humanos y un deterioro progresivo de las condiciones laborales y de acceso a la justicia.

Uno de los datos más alarmantes que arroja el informe es el volumen de causas iniciadas: en 2024 se registraron 184.495 causas nuevas, lo que representa un incremento del 25% respecto a 2023 y el máximo histórico desde que existen registros. Si se analiza un período más amplio, entre 2020 y 2024 las causas iniciadas crecieron un 119% a nivel provincial. Y en algunas jurisdicciones el crecimiento fue mucho más acelerado: Berazategui (+283%), Quilmes (+254%), Florencio Varela (+231%), Olavarría (+231%), Cañuelas (+215%) y Pilar (+205%) duplicaron o triplicaron el volumen de trabajo en apenas cinco años.

A nivel interanual, el partido de Avellaneda-Lanús lidera el aumento con un 85% más de causas iniciadas que en 2023, seguido por Olavarría (+62%), Moreno-General Rodríguez (+59%), San Martín (+54%) y Morón (+45%).

A pesar del crecimiento exponencial en la cantidad de causas, la incorporación de personal no acompaña ese ritmo. Si bien desde 2003 el personal aumentó un 188%, impulsado principalmente por la creación de nuevos juzgados, en muchos casos, los recursos humanos se mantuvieron iguales o incluso disminuyeron.

• Berazategui tuvo un aumento del 283% en sus causas mientras que el personal aumentó solamente un 53%. 
• Pilar y Olavarría: más del 200% de aumento en causas entre 2020 y 2024, pero sin ningún refuerzo de personal desde 2019.
• Quilmes: +254% en causas, pero apenas un 4% más de personal.
• Florencio Varela: tuvo un aumento del 231% en sus causas y un 40% en el personal
• Cañuelas: +215% de causas con solo un 20% de incremento en su planta.

En total, 33 juzgados de garantías tienen hoy menos personal que en 2015, y en 22 juzgados la dotación es la misma que hace una década. Esto se traduce en una sobrecarga laboral constante que pone en jaque tanto la salud y los derechos de trabajadores y trabajadoras, pero además implica un obstáculo concreto al derecho a acceder a la justicia.