La abogada Silvina Martínez había solcitado impugnar candidaturas para la próxima elección provincial del 7 de septiembre, en función de su presunto carácter testimonial.

La decisión fue adoptada con las firmas de la presidenta Hilda Kogan, la vicepresidenta Ana María Bourimborde, y el vocal Eduardo Delbés. Por su parte los integrantes del órgano Gustavo De Santis y Federico Thea coincidieron con la resuelto en la cuestión de fondo, aunque se abstuvieron de requerir la actuación de la Legislatura.

En el voto de mayoría, la Junta señala que “es disvalioso para el sistema institucional y éticamente reprochable que una persona se postule para un cargo a sabiendas que no asumirá”. Sin embargo, añadió, “no es ilegal, por lo que no puede ser observado a priori por ello”. En torno a ello, ratificó el deber de hacer primar el “principio de participación” del derecho electoral.

Agregó que no surge de la legislación electoral provincial (Ley N° 5.109), ni de la Constitución Provincial, la Constitución Nacional o de los tratados internacionales que forman parte del bloque de legalidad, ningún elemento que le permita a la Junta hacer lugar a las impugnaciones planteadas.

Encuadrándolo como un “daño a la integridad del sistema por omisión legislativa”, la JEP recordó que ya en el 2009 (resolución del 21 de mayo de ese año), había exhortado sobre la necesidad de una intervención de los poderes del Estado; aunque “luego de 15 años, no hubo ningún tipo de regulación que proteja al elector de esta situación”.

Manifestando su preocupación por la clara deficiencia legislativa que deviene “en una desprotección al elector de la Provincia”, la JEP ofreció poner a disposición de la Legislatura a sus equipos técnicos, a fin de asistirla y obtener una regulación, como tienen varios países, que evite la existencia de las denominadas candidaturas testimoniales.

MR