El decreto 130, publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma del gobernador Daniel Scioli y de todos los ministros, instala "el Régimen de uso responsable y optimización funcional de Servicios de Comunicaciones Móviles", que estará a cargo de la secretaría general de la gobernación.

Para ello creó el Registro Permanente de Servicios de Comunicaciones Móviles, en el que las dependencias de cada jurisdicción provincial deberán comunicar en un plazo de treinta días la cantidad de celulares que poseen y en manos de qué personas están.

La medida propicia la "optimización" de las comunicaciones y sostiene que "las innovaciones tecnológicas en materia de telecomunicaciones han generado una gran cantidad de prestaciones, razón por la cual deviene indispensable establecer los límites en que aportan valor a la dinámica de la gestión pública".

Se establece que "el uso de los distintos servicios de comunicaciones móviles se limitará a funcionarios con rango y jerarquía no inferior a Director Provincial", aunque se permitirán excepciones para agentes de menor jerarquía, mientras que sólo los "Ministros Secretarios" podrán solicitar la habilitación para llamadas internacionales.

El decreto prohíbe el envío de mensajes a programas de entretenimiento televisivos, descarga de ringtones o melodías, donaciones de cualquier índole y otras de similares características, y aclara que violaciones a esa disposición "serán solventadas por los agentes que los generaren".

Asimismo, la resolución considera que "los usuarios habilitados deberán hacer un uso racional y eficiente de los equipos y servicios de comunicaciones móviles, limitando la cantidad y la duración de las llamadas y mensajes SMS y/o MMS- enviados, así como también cuidar del equipamiento asignado".

En ese sentido, sostiene que para los casos de "extravío, robo o hurto y reparaciones" de equipos celulares "se admitirá una reposición de equipo por año aniversario con cargo al erario público, debiendo solventarse las restantes por el usuario que lo tuviera asignado".

El decreto, que entrará en vigencia en 90 días, indica que cuando el agente cese en sus funciones o se traslade a otra dependencia deberá devolver el celular.

Si no restituye el equipo deberá solventar el gasto y en "caso contrario se le descontará el monto del teléfono cuando se aplique la liquidación de sus haberes".