Los proyectos, pertenecientes al Diputado Provincial César Valicenti, fueron aprobados durante la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados de la provincia y ahora deberán pasar al Senado para ser convertidas en ley. Con estas iniciativas, de ahora en más el estado provincial deberá contratar a través de  YPF S.A la provisión de combustible y lubricantes para la flota automotor, al tiempo que los viajes de funcionarios y empleados de gobierno se realizarán por medio del servicio de Aerolíneas.

El espíritu de los  proyectos aprobados esta tarde por los legisladores entiende que la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires debe optar preferentemente por las contrataciones de servicios entre entidades públicas, a fin de hacer más eficiente y eficaz el aprovechamiento de los recursos públicos que, de otro modo, irían a engrosar las ganancias de las empresas privadas que compiten con aquellas, en detrimento de su mejor funcionamiento.

En el caso de YPF, la norma propuesta por el Diputado olavarriense, establece que, en función de haber declarado de interés público –tras la nacionalización del 51% de la empresa- “el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización” de los mismos, atento a que ello contribuye al “desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”, resulta necesario que el Estado Provincial cubra sus necesidades de combustibles y lubricantes a través de dicha empresa.

Algo similar ocurre con la contratación de pasajes para “el traslado por vía aérea de agentes, funcionarios y empleados” o cualquier otro tipo de traslado que se financie con fondos públicos, sea realizada con Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. En este caso, la norma propuesta también por Valicenti, observa que la contratación de las aerolíneas del Estado nacional, atento a la función social que las mismas cumplen, es una forma de la consecución del bienestar general, por contraposición con el interés lucrativo que lógicamente tienen las empresas privadas.

Cabe destacar que, en ambos casos, las iniciativas aprobadas establecen que se respetarán los contratos preexistentes con otros prestadores hasta la extinción de los mismos, que no podrán ser renovados. Una vez ocurrido esto, los organismos públicos mencionados deberán proveerse exclusivamente con las empresas propuestas, debiendo justificar sobradamente los casos en los que debiere producirse una excepción.

Por su parte, las normativas mencionadas hacen especial énfasis en la necesidad de extender a toda la esfera pública este lineamiento de contratación, invitando a que los municipios manifiesten su adhesión y adopten igual comportamiento.

................