La norma impulsa programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación o ampliación de viviendas tanto urbanas como rurales, y fomenta créditos para aquellas familias imposibilitadas de acceder al crédito bancario, a través de un Fondo Fiduciario, que articulará con municipios y organizaciones sociales.

De todas maneras, aunque sin reglamentar, la Provincia si aplica uno de los artículos, el 39, que establece la creación de una contribución adicional del 50% en el impuesto inmobiliario correspondiente “a la planta urbana vacante y los baldíos”.

Los recursos generados por esa contribución deben destinarse al Fondo Fiduciario “Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat”; aunque la falta de reglamentación genera preocupación a las organizaciones, por la “intangibilidad” de esos fondos.

De hecho, en el recientemente aprobado Presupuesto 2014, la Provincia prevé recaudar por ese importe más de 130 millones de pesos ($130.851.000), a los que deben añadirse fondos nacionales para la vivienda “especialmente” afectados, además de contribuciones o donaciones.

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