Se detectó también "18 trabajadores de nacionalidad boliviana sin registrar de los cuales 8 se encontraban viviendo dentro del establecimiento en condiciones de extrema precariedad y desconociendo su salario".

Según informó el Renatea, la inspección fue en conjunto con los Ministerios de Trabajo de la Nación y la provincia de Buenos Aires, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), y el Departamento de Migraciones nacional, entre otros organismos.

La denuncia se realizó en el Servicio Zonal de Olavarría por la situación de los menores de edad, y se formuló la misma ante el Juzgado Federal de Azul.