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LA PROVINCIA

12 de agosto de 2014

Duro documento del CELS, a cuatro meses de la Emergencia en Seguridad

Un comunicado elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales criticó que el Gobierno utilice los muertos ocasionados por la Bonaerense “como indicador de éxito”.

Un duro comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales traza un balance propio, a cuatro meses del decreto que instaló la Emergencia en Seguridad en la Provincia, con la firma de Daniel Scioli.

El CELS enmarcó la medida en una “escalada más en el discurso de mano dura” como trasfondo de medidas “para nada novedosas: más policías en las calles legitimadas políticamente para utilizar la violencia y otro anuncio de reformas legislativas para restringir las excarcelaciones”.

El CELS analizó datos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia, y criticó el uso de “los muertos ocasionados por el accionar de la Policía Bonaerense” como “indicador de éxito” del programa, que lleva contabilizadas 76 muertes entre el 5 abril y el 6 de agosto, una cifra que, según el CELS, “duplica la que tenía la Bonaerense en años anteriores: en 2005 había una muerte cada diez enfrentamientos, hoy son dos cada diez”.

Además, sostuvo que hay un “récord de detenidos, sobrepoblación y colapso del sistema penitenciario”, con un dato impactante: “En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de los últimos quince años: 33.166. El 60% de estas personas están detenidas de manera preventiva, sin condena judicial”.

El CELS indicó que la tasa de encarcelamientos pasó de 167 cada 100 mill habitantes a 201 hoy, con base en “delitos callejeros” y no “los mercados ilegales ni los delitos complejos”. Casi al ritmo de las precipitaciones, indica el organismo de Derechos Humanos, “la cantidad de personas detenidas aumentó entre enero y junio de este año lo mismo que en todo 2013. Si esa tendencia continúa, a fines de 2014 habrá un 30% más de detenidos que el año pasado”.

También atendió la “superpoblación” del SPB, que alcanza el 70%, con las consecuencias a la vista: “las personas alojadas en el SPB no tienen acceso a atención médica básica, ni a un alojamiento y alimentación adecuados. Los detenidos son víctimas de torturas, malos tratos y violencia por parte del SPB.

La gestión de los penales es más que deficiente y los episodios de corrupción son frecuentes”, a la par que “recuerda” que la solución de alojar presos en las comisarias “fue prohibida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 porque pone en peligro la vida y la integridad física de los detenidos y viola pactos internacionales con rango constitucional” pese a lo cual estima que hay cerca de 3.000 detenidos en esas condiciones en Provincia.

Por último, critica que “la fuerte presión punitiva no está siendo acompañada por una reforma de la matriz corrupta y violenta de la Policía Bonaerense” sino que, por el contrario, “la policía realiza un 20% más de detenciones y según la propia información oficial sus intervenciones son más violentas que en el pasado”.


“La mano dura no cumple con su promesa de reducir el delito y la violencia y está ocasionando violaciones de los derechos humanos de las personas que entran en contacto con las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires”, concluye.

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