Jueves 28 de Marzo de 2024

LA PROVINCIA

29 de julio de 2012

Resuelven la absolución del juez Sal Lari, tras caerse las acusaciones en su contra

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolverá este lunes si absuelve y repone en su cargo al suspendido juez de Garantías 3 de San Isidro debido a que no prosperaron ninguna de las acusaciones en su contra en el marco del juicio político que se le sigue.
Fuentes judiciales informaron a Télam que este lunes desde las 9, en el anexo del Senado provincial, ubicado en calles 7 y 49, del centro platense, el jury se reunirá para notificar a las partes sobre el desistimiento del intendente sanisidrense, Gustavo Posse, de seguir con el juicio, por lo que correspondería la absolución de Sal Lari.

Al iniciarse el proceso el 5 de julio pasado, la Comisión Bicameral, integrada por cinco senadores y siete diputados, no sostuvo ninguno de los cargos que se habían presentado contra el magistrado por presunto mal desempeño, por lo que la defensa del juez pidió su inmediata absolución.

Sin embargo, el jury, antes de resolver, debió darle vista a los particulares que lo habían acusado previamente: el intendente Posse y Carla Regis, hija del ingeniero Carlos Regis, asesinado durante un asalto en Béccar, en 2008, por dos delincuentes.

Siete meses antes de ese hecho, Rafael Sal Lari había excarcelado bajo caución juratoria a uno de los ladrones, Sebastián Bordón, imputado de portación ilegal de arma de fuego, y no recibió objeción de la fiscalía.

La familia Regis, apoyada por Posse, denunció a Sal Lari con el argumento de que si no se hubiera dado la libertad a Bordón, el homicidio no hubiera ocurrido, pero la defensa del juez considera esa postura "débil" porque un magistrado no puede hacer "futurología".

El 12 de julio último, el presidente de la Suprema Corte y del Jurado, Eduardo de Lázzari, notificó a Posse que debía depositar una caución de 180.000 pesos si quería continuar con el juicio y le dio un plazo de cinco días para depositar el dinero, pero el intendente desistió.

Tras reunirse con la organización Madres del Dolor, Posse argumentó que no quería continuar porque hubo “un sinnúmero de cuestiones procesales o externas que tienden un manto de sospecha respecto a la transparencia o arbitrariedad con que se ha tratado el tema tanto dentro del expediente como fuera de él”.

También advirtió que "existen en ciertos sectores del Poder Judicial una actitud de defensa corporativa inadmisible".

Sin embargo, fuentes judiciales afirmaron a Télam que el procedimiento fue "transparente" y que se actuó como lo prevé el artículo 41 de la Ley que rige el Enjuiciamiento de Magistrados, y al no haber acusación de la Comisión Bicameral se informó a Posse que igual podía avanzar con el juicio ya que, en caso de no hacerlo, el jefe comunal podría haber objetado la decisión.

Sal Lari fue suspendido en su cargo en abril del año pasado, luego de que el jury decidió acusarlo por una de las 11 causas por las que lo habían denunciado: el denominado "Caso González".

El juez está acusado por no haber efectivizado, luego de siete meses, la libertad concedida en 2005 a un imputado llamado Jorge González, a quien la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro le había revocado la prisión preventiva ordenada por Sal Lari.

Al iniciarse el juicio, la Comisión Bicameral desistió de la acusación porque después de que el juez fuera suspendido, la misma Cámara lo sobreseyó en la causa penal que se le había iniciado por no liberar al detenido.

Sin embargo, el jurado, integrado por cinco legisladores abogados y cinco letrados de matrícula, rechazó por mayoría ese planteo y resolvió dar traslado de las actuaciones a Posse y Regis.

Al presentar su defensa ante el jury el año pasado, Sal Lari había explicado que la orden de libertad del detenido González fue confeccionada y despachada a la seccional por la secretaria del juzgado y fue recibida por la Policía.

Sin embargo, el imputado salió libre recién siete meses después, lo cual derivó en una sanción disciplinaria de 15 días por parte de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA) a la secretaria, ya que se entendió que no controló la acción policial.
 



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