Aguilera señaló que el intendente modificó y restringió la ordenanza de boleto estudiantil gratuito.

Ejemplificó que en el artículo 7 de la norma expresa que no se puede restringir la ordenanza una vez que se implemente la SUBE.

“Lo primero que hace el intendente es decretar y modificar la esencia de la ordenanza” manifestó Aguilera.

Requisitos de materias aprobadas, horarios y días fijados, distancia mínima a establecimientos son todas cuestiones que no están estipuladas en la ordenanza, y que el Ejecutivo se arroga, denunció el concejal.

Recordó que no es la primera ordenanza que no se respeta o ejecuta como está prevista.

Si es novedoso que modifique el sentido de la norma con la reglamentación.

Verán que acto administrativo pueden ejecutar para impedir que la reglamentación avance.

Por otro lado, en sentido similar, Aguilera se expresó acerca de las Bibliotecas Populares.

La ordenanza no está vigente y, en algunos contactos informales con referentes de las instituciones le insinuaron que podría comenzar a respetarse el próximo año.

Aguilera dijo que una salida para que el Ejecutivo respete las ordenanzas y las aplique podría ser la judicialización, aunque no es el camión más rápido, ya que los tiempos de la política no son los mismos que los de la Justicia.

Recordó lo que sucedió con la Tasa al Combustible en la gestión de José María Eseverri.