Ruesga afirmó que las audiencias no deberían ser solo informativas, sino que tienen que tener discusión.

Desde la Defensoría piensan que los incrementos deben acompañar el crecimiento de los salarios.

Ruesga dijo que hay familias que quedan en riesgo de perder el servicio por no poder hacer frente al pago.

Reconoció que no poseen aún, oficialmente, el cuadro tarifario, pero que por los números presentados, puede tener un impacto de 30% entre diciembre y febrero.

Esto, sin sumarle las tasas municipales y los tributos provinciales y nacionales que se suman a las facturas.

Agregó que es muy poca gente que posee la tarifa social y opinó que no hay interés ni de las distribuidoras ni del Estado en que se conozca.

Piden la ampliación de los 150KV actuales a 250KV y que la información para acceder se refleje en la factura.

Respecto a la cuestión judicial y el por qué no hay amparos, pidió que se consulte a los jueces, porque más allá de un fallo favorable del Juez Arias en La Plata, no hay otro resultado similar en las presentaciones que la Defensoría ha realizado.

En referencia al gas natural, recordó que ya la Nación hizo audiencias y que ellos ya han intervenido.

La preocupación en este servicio es por la quita total del subsidio y la dolarización de la tarifa.

Hay una postura política que implica que el Estado, en otros lugares del mundo, nunca deja liberados totalmente los precios de los servicios públicos.

Reconoce, sin embargo, que el gobierno tiene la legalidad y apoyo para efectuar estos cambios.