Si bien es sostenido por la provincia como un reconocimiento del valor real de las propiedades, parece que hacerlo todo junto , es una cuestión que vulnera derechos de los habitantes de la provincia dándose situaciones confiscatorias.

La ley tiene topes para este año, igual son muy importantes y repercuten en otras cuestiones como tasas municipales, la tarifa del agua que toma como criterio el valor de la superficie cubierta, bienes personales.

Hay una serie de cuestiones que van encadenadas a la decisión pero no se sabe si se tuvieron en cuenta.

Ahora pidieron pedido de informe a ARBA para tomar dimensión sobre todo para las poblaciones más vulnerables de la provincia.

En ese informe  se destaca por ejemplo que la cantidad de exenciones en la provincia respecto del inmobiliario es baja 200 mil para jubilados y pensionados 2200 ex combatientes 88 talleres protegidos.

Las tarifas de los servicios públicos esenciales con aumentos de hasta el 1500 más alimentos. El transporte no va de la mano con los aumentos de los salarios.

 Es llamativo y aparentemente no se trasladará completamente al impuesto este año aunque el aumento será grande, pero estas valuaciones empujan otros impuestos.

Desde la Defensoría se está evaluando el informe, el objetivo es velar por los derechos de los habitantes , sobre todo los más vulnerables.

Se solicitó que se tenga especialmente en cuenta las situaciones más problemáticas, ampliándose las exenciones para aquellos que no estén en condiciones de afrontar estos aumentos.