La esquela, dirigida al intendente, pero hecha pública en el sitio web de la Suprema Corte, pide a Galli que realice las aclaraciones públicas de rigor y le brinde a los vecinos de Olavarría información “veraz y adecuada”.

Luego, se adjunta un informe, con la firma del Licenciado Néstor Trabucco de la Secretaría de Planificación, donde se detalla que la obra, por el tamaño, legalmente, la debe llevar adelante el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, y no la Suprema Corte.

Se entiende, además, que los costos han quedado desfasados, ya que el informe recuerda que el presupuesto oficial para la obra completa en 2016 era de casi 365 millones y, hasta abril de 2019 se ha re determinado a 740 millones. Más de un millón de pesos por día, ya que el plazo de obra original era de 720 días, habiéndose iniciado el 5 de junio de 2017.

Hasta el momento, el Estado ha abonado a la empresa unos 298 millones de pesos, indica la nota. Restarían, hasta 2020, mas de 442 millones de pesos por pagar.

La nota sigue explicando que el Ministerio, en carácter de comitente, se hace “cargo de todo el proceso” de la obra.

La Suprema Corte también hace cargo a la Legislatura del tema, ya que, expone que les aprobó 300 millones de pesos para obras este año, cuando ellos proyectaron gastar en toda la provincia en obras de envergadura y menores, unos 1600 millones de pesos, en lo que resulta que tienen un 15% del total de lo necesario para la continuidad de las obras.

En otro punto del informe indica que el Ministerio ya ha anoticiado a la Suprema Corte del inicio de las gestiones para la extinción de los contratos de obras.

Finalmente, el informe recuerda las veces que la Suprema Corte ha alertado públicamente por la situación que, finalmente, se dio en las últimas semanas.