El deliberativo local queda conformado por nueve bloques: Cambiemos, Cuidemos Olavarría, Unidad Ciudadana, Foro Olavarría, Bloque de Los Trabajadores, Radicales Convergentes, UCR, Copebo y Frente Renovador. 
En primer lugar, Einar Iguerategui (Cuidemos Olavarría) presentó la moción para que se tratara en esta sesión el proyecto de resolución para solicitar que se paralice la construcción emprendida en la zona del llamado Barrio Parque Pawlonia. El eje del conflicto es la declaración como zona industrial (a partir de una ordenanza) del sector comprendido por Ruta 226, Calle 118, Pellegrini y La Rioja que era considerado residencial. 
Desde el bloque de Cambiemos la concejala Arouxet anunció que no acompañarían esa moción, que finalmente salió aprobada con el impulso del resto de los bloques. Se anunció que se trataría al final de la sesión. 
Luego se introdujo el tratamiento del proyecto de resolución por el cual un grupo de vecinos autoconvocados de la ciudad manifiesta la desproporción por los montos de los beneficiarios de los créditos UVA. 
El primero en tomar la palabra fue Germán Aramburu (Unidad Ciudadana) quien indicó que el monto de las cuotas debe ser proporcional a los ingresos. Se refirió al hecho de que es imposible afrontar el contrato sin afectar el asunto de la autonomía de cada una de las personas involucradas. Reclamó que la justicia dé respuestas a esta problemática. 
También habló el concejal Emilio Vitale (Frente Renovador) repasó los distintos métodos de otorgamiento de créditos y los coeficientes utilizados para actualizar las deudas. Indicó que los proyectos que se estudian en el Congreso Nacional recomiendan modificar el índice que se usa para indexar el crédito, al tiempo que declarar la emergencia. 
Victoria de Bellis (Cuidemos Olavarría) se refirió al rol del Estado en este caso, que según explicó debería ser el de proteger a los consumidores. Recordó que oportunamente el impulso a este tipo de créditos se los dio una ley y que en la actualidad no se les brinda respuesta. 
Refirió un caso en el que la justicia dio respuesta a la situación de los damnificados. Hizo especial hincapié en el hecho de que los tomadores de créditos tienen voluntad de pago pero no pueden hacerle frente en virtud de la forma en que han engrosado las cuotas. 
Se dictó entonces una medida cautelar en la que se indique que se actualicen las cuotas en función del índice de inflación que se había proyectado en ese contrato (13 por ciento para el 2018, por ejemplo). “No es una relación ajena al Estado” dijo De Bellis, pidiendo la intervención del estamento legislativo, más allá de las resoluciones puntuales de la justicia. 
Marcelo Latorre (Copebo) y Gabriela Delía (Radicales Convergentes) también manifestaron su preocupación y apoyo a los vecinos afectados. Fue aprobado por unanimidad. 
Se trató luego el proyecto de resolución manifestando beneplácito por el segundo puesto obtenido por alumnos de la Escuela Técnica número 2 en el certamen internacional de “Las 24 horas de innovación”.  Carolina Espinosa (Cambiemos)  fue quien presentó el proyecto, destacando la capacidad e inventiva de los jóvenes que diseñaron prendas sustentables que incorporan fibras de origen natural. También se aprobó por unanimidad. 
Einar Iguerategui se refirió entonces a la situación planteada en el Barrio Parque Pawlonia, en cual se siguen avanzando con las obras de instalación de galpones industriales. Hizo un poco de historia, señalando que en el año 2017 se aprobó la ordenanza que estipula el sector como “industrial”, reconociendo un error de parte de los concejales que votaron en forma favorable, que confiaron en el Departamento Ejecutivo. 
Indicó que desde el Ejecutivo no han remitido la información pertinente para avanzar en el estudio del tema. Informó que desde el área de Ordenamiento Territorial de la Provincia tampoco se han brindado respuestas y advirtió que la ordenanza del año 2017 aún no está vigente, por lo que las construcciones en cuestión no contarían con marco legal que respalde.
Señaló que hay urgencia en tratar el tema porque se debe dar respuesta a los vecinos, cuestión que según indicó están dispuestos a hacer desde el Concejo y no ven la misma disposición desde el Ejecutivo. 
La concejala Gabriela Delía manifestó su apoyo y dijo que es inaceptable que los vecinos no tengan una respuesta a 4 meses de haber iniciado sus reclamos.  Se aprobó por mayoría, con el voto negativo de Cambiemos. 
De cualquier forma, y más allá de esta resolución, el lunes próximo a las 11,30 será la sesión especial para tratar la cuestión de fondo planteada. 
Más tarde se trató el pedido de informes al Ejecutivo impulsado por Marcelo Latorre que pide conocer detalles sobre el sistema de gestión diferenciada de envases en el centro de acopio transitorio de envases fitosanitarios. Fue aprobado por unanimidad. 
Luego la concejala Delía expuso el proyecto de comunicación manifestando beneplácito por la actividad científica relacionada con el análisis gratuito de aceites de cannabis solicitado por profesionales de la salud. Señaló que muchas personas afectadas por distintas dolencias adoptan la decisión de tomar aceite de cannabis y es preciso avanzar en la posibilidad de otorgar certezas sobre calidad y variedad de ese producto.  Fue aprobado por unanimidad.  
Fueron aprobados también dos proyectos de resolución que solicitan respectivamente arreglo y mantenimiento de calles del Barrio Federal de Sierra Chica y mejoramiento del alumbrado público e instalación de reductor de velocidad en Ituzaingó y calle 8. 
Más tarde Alicia Almada (Unidad Ciudadana) presentó el proyecto de resolución manifestando su preocupación por el posible cierre y readecuación de las clínicas de salud mental, en virtud de la ley 26.657. Aclaró que la ley apuntaba a que no se abrieran nuevas clínicas con estas características y se reformaran las que ya funcionaban como tales. Indicó que el Estado se comprometía en la misma a impulsar el cumplimiento de esta ley. 
Se mostró preocupada por la resolución 715/19 de la cartera de salud que recuerda que en 2020 deberían cerrar esos espacios. Reconoció que tanto el gobierno anterior como el actual no pusieron en marcha todas las medidas necesarias para llegar a este punto sin conflictos. Reclamó que se pueda avanzar en algún sentido para que los espacios puedan reconvertirse al tiempo que se puedan resguardar los derechos de los pacientes. 
A su turno, Celeste Arouxet (Cambiemos) indicó que no acompañarán el proyecto y entre las razones indicó que la resolución respectiva no indica plazos de cierre de las instituciones referidas y señaló que las provincias están avanzando para la implementación plena de la ley.
 Martín Lastape (UCR) pidió el pase a  las Comisiones de Salud y Legislación de la iniciativa, cosa que Einar Iguerategui también apoyó, al tiempo que sugirió invitar autoridades sanitarias locales para que expliquen las acciones que desarrollan en este sentido. Aprobado por mayoría. 
Más tarde, la concejala De Bellis se refirió al proyecto de ordenanza que busca adherir a la ley nacional 27.499 (llamada Ley Micaela). Explicó que el objetivo final de estas capacitaciones es que todos puedan involucrarse en un cambio cultural para avanzar en una sociedad más tolerante y justa. Fue aprobado por unanimidad. 

Tambien resultó aprobado por unanimidad el proyecto para nombrar la esquina de Vicente Lopez y Sargento Cabral “Néstor y Daniel Godoy”, proyecto impulsado por el bloque Foro Olavarría. Se concretará la accion a fines de año.