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LOCALES

3 de abril de 2020

El Partido Obrero denuncia el decreto municipal por la emergencia

La norma firmada por Galli, sostienen, “obliga a jubilarse a quienes cumplan los requisitos, paraliza hasta diciembre todas las obras públicas y lo habilita a reducir la planta temporaria. Esto significa que más de 500 trabajadores que están precarizados por el estado municipal podrían quedar sin trabajo (aproximadamente un 20% de la planta total)”.

“Las primeras víctimas antes de que se declarara la emergencia fueron les trabajadores de la cultura. Ahora, con el decreto en vigencia, el municipio acaba de demorar el pago de los sueldos, con la promesa que los municipales cobrarán el sábado 4. Estas acciones hablan de un ataque premeditado donde la posibilidad de perder la fuente laboral está a la orden del día”.

“Galli tiene de aliado a José Stuppia, que salió a poner paños fríos a la situación, les pidió paciencia y calma a les trabajadores y le echó la culpa a la Nación y la Provincia que no mandan los recursos necesarios. Esta total sintonía con el gobierno deja en evidencia que el sindicato no va a mover un pelo contra los despidos. La continuidad laboral y el cobro en tiempo y forma de los sueldos van a depender de la organización independiente y la lucha que den les trabajadores municipales”.

¿Es culpa de la pandemia?

El intendente se justifica en que la recesión económica surgió con la cuarentena por el Covid-19. Pero esta declaración de emergencia muestra que no existió ningún “viento de cola a favor” después de la campaña electoral. La caída de la recaudación minera no es producto del párate económico de estos 20 días, sino que hace meses que viene cayendo así como la obra pública estuvo paralizada desde los últimos tiempos del macrismo. Galli no puede echarle la culpa a la herencia recibida: su propio secretario de administración, Juan Mujica, en plena campaña hacía alarde de la “independencia financiera” del municipio.

Se desnuda que esta situación no la trajo el coronavirus sino que está atada a la realidad del país y las políticas económicas llevadas adelante por los gobiernos. El Frente de Todos sigue sosteniendo el pago de la deuda usuraria en vez de destinar ese dinero al sistema de salud y a garantizar la asistencia económica y alimentaria a todes les que lo necesitan. Prueba de ello es que el peronismo local ha hecho mutis por el foro ante los despidos, largando simplemente una colecta solidaria para resolver las necesidades en las barriadas, que cada vez se hacen más acuciantes, en lugar de poner los recursos del Estado que manejan.

En el mes de marzo, el municipio realizó una recaudación extraordinaria en relación a las tasas municipales, las cuales aumentaron un 50% equiparándose a la inflación y con retroactivo a enero. A esto se suma el anuncio de los refuerzos presupuestarios de la Provincia, recursos que son necesarios pero insuficientes ante la emergencia sanitaria y la situación económica. Además, hay que contar la solidaridad de distintos sectores sociales como clubes, comedores barriales y olavarrienses en general que contrasta con un gobierno que deja en la calle a sus trabajadores.

Las patronales se han sumado con sus propias colectas en un intento de mostrar una sensibilidad social que, sin embargo, representa un mínimo aporte en relacion a sus cuantiosas ganancias. Las donaciones de la Unión Industrial (que ya recaudó más de $5 millones) y de la Sociedad Rural deben estar bajo control de una comisión popular que garantice que esos fondos lleguen efectivamente al hospital municipal y a atender la emergencia. No sería la primera vez en la historia argentina que lo recaudado no llega a quienes debería, como sucedió con las colectas durante la Guerra de Malvinas.

Con este panorama queda en claro que las razones de la emergencia son más profundas y que, a su vez, es la excusa elegida para ajustar. También está claro que esta crisis la están pagando les trabajadores a partir de la pérdida de puestos de trabajo, como sucedió en Cultura, o con la incertidumbre sobre el cobro salarial. También la pagan trabajadores de patronales privadas que despiden y suspenden, como recientemente lo hicieron las contratistas de Loma Negra en la obra de L’Amalí 2.

Desde el Partido Obrero en el FIT-U reclamamos la apertura de libros contables del municipio bajo supervisión de una comisión integrada por el HCD, representantes de las sociedades de fomento, sindicatos y organizaciones populares. Que la crisis la paguen los patrones: impuestos progresivos a grandes rentas y fortunas en nuestro municipio para sostener mediante esta tasa los fondos millonarios que han demostrado que son capaces de dar. Aumento inmediato del impuesto a la piedra a las empresas cementeras para sostener la recaudación a costa de la rentabilidad que han extraído en décadas de explotación. El DNU de prohibición de despidos y suspensiones tiene que ser retroactivo al mes de marzo: reincorporación de trabajadores despedidos de L’Amali, la municipalidad y en todo el partido. Pago íntegro de los salarios, en tiempo y forma, a todes les trabajadores.

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