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LA PROVINCIA

21 de abril de 2020

Reunión de emergencia en la Justicia por reclamos en al menos cuatro penales bonaerenses

Se trata de algunos pabellones de unidades penitenciarias de San Martín, Florencio Varela, La Plata y de Ituzaingó, que reclaman beneficios procesales en medio de la crisis que generó el primer contagio de COVID 19 en una cárcel bonaerense

Tres pabellones de distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense entraron este martes a la mañana en huelga de hambre, en reclamo de beneficios procesales, y a partir de que se conociera el primer contagio de COVID 19 dentro de una cárcel de la Provincia.

 

 

Se trata de un pablelón de la Unidad 48 de San Martín, un pabellón universitario de Florencio Varela y de internos del sistema abierto de una cárcel radicada en Ituzaingó. Por la crisis, el Ministerio de Justicia convocó a una mesa de diálogo en la que participan autoridades del Servicio, agentes de salud y miembros del Poder Judicial, entre ellos el juez de casación Victor Violini.

 

También se registraron escenas de tensión en la Unidad 10 de Melchor Romero, en las afueras de La Plata, donde internos fueron filmados en los techos del penal.

 

Se trata de una unidad que aloja a 150 internos que transitan el último tramo de sus condenas y que reclamaban excarcelaciones. El reclamo no fue violento y no se registraron lesionados entre el personal penitenciario ni con los privados de libertad.

 

Las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, encabezado por Xavier Areses, y del Ministerio de Justicia, que encabeza Julio Alak,  se encuentran en el lugar con la intención de dialogar con los internos para que depongan su actitud y canalizar sus pedidos de una manera pacífica.

 

Los reclamos tienen que ver con más medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID 19, pero también otros dirigidos específicamente al Poder Judicial.

 

En concreto, se habla de causas paradas por la falta de actividad judicial, ausencia de Defensores Oficiales dentro de las unidades y pedidos para que las autoridades de las cárceles se presenten en sus lugares de trabajo para resolver problemas cotidianos.

 

De hecho, organismos de Derechos Humanos que trabajan la problemática penitenciaria elevaron en los últimos días pedidos de habeas corpus que reflejan esa situación.

 

La situación de las cárceles bonaerenses -agravada por la pandemia- es una de las principales preocupaciones del Gobierno y de la Justicia bonaerense, que instaló mesas de diálogo para solucionar los problemas de hacinamiento y superpoblación carcelaria.

 

En materia sanitaria, y a partir de la llegada del coronavirus a la Argentina, se implementaron distintas medidas tendientes a evitar un contagio masivo que podría ser trágico: se suspendieron las visitas, se permitió el ingreso de celulares y se otorgó prisión domiciliaria a los internos que purgan por delitos leves, tienen bajo riesgo procesal o directamente son considerados factor de riesgo por edad o enfermedades.

 

El tribunal de Casación Penal bonaerense tuvo un rol fundamental en la aplicación de esas medidas. De allí partió la autorización para la utilización de teléfonos celulares a los presos de todos los penales de la provincia de Buenos Aires durante el período en el que subsista la situación de aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional para minimizar la propagación del coronavirus.

 

La resolución llevó la firma doctor Víctor Violini, vicepresidente del cuerpo, a partir de un planteo que había formulado el doctor Mario Coriolano, desde la Defensoría de Casación. En ese marco se dispuso además la creación de un protocolo de actuación, para ser instrumentado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

 

FUENTE: INFOCIELO

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