Galli se inscribe en el grupo de intendentes bonaerenses que ejercieron presión por el reinicio de mayores actividades económicas. Aunque no compartan su espacio político, la orientación de los gobiernos de Alberto Fernández y Kicillof, que han ido aflojando la cuarentena, es la misma que la de los intendentes: proteger el interés de las patronales. Se niegan a afectar el interés de los grandes empresarios ante la crisis sanitaria y económica y, al contrario, subsidian a los capitalistas con los fondos de la Anses, permiten despidos y suspensiones con reducciones salariales y habilitan a funcionar a crecientes ramas de la industria y los servicios.

Días antes de esta explosión de casos, Galli afirmaba en conferencia de prensa que “el virus va a llegar”. El mismo día que se informaran los primeros casos, lanzó una encuesta en Twitter que buscaba público respaldo para seguir flexibilizando la cuarentena, siendo perfectamente consciente de sus consecuencias.

Ahora, el intendente carga las tintas en la irresponsabilidad social de lxs contagiadxs e insta a no relajar los cuidados al resto de la población. Se trata de una hipocresía de parte de quien fogoneaba el levantamiento del aislamiento y el reinicio de las actividades económicas no esenciales hasta que estalló esta situación. Esto se combinó con un relajamiento creciente de los controles en los accesos que contó con la orden explícita de Sergio Berni, en su visita a fines de abril, de quitar policías de los controles sanitarios en rutas para volcarlos a la represión en el sector urbano. Ante la imprudencia de quienes gobiernan el Estado, lxs vecinxs de los barrios y las localidades alzaron la voz. Se imponía la necesidad de un control popular de la cuarentena.

Incluso ahora que volvimos a la Fase 1, continúan exceptuadas las actividades minera, metalmecánica, ceramista y del vidrio. El peaje de Hinojo en el que se expone a los trabajadores y a la población en general a la difusión del virus, sigue funcionando por el apetito recaudatorio de los concesionarios. La señal es clara: cerrar filas con las grandes patronales, que retoman la actividad al mismo tiempo que gozan de exenciones y subsidios, y disciplinar a lxs trabajadorxs, que son los que exponen su salud en los lugares de trabajo. El discurso que apela a la responsabilidad individual, al igual que el ataque y estigmatización a lxs contagiadxs, son cortinas de humo para encubrir las responsabilidades políticas del gobierno local, provincial y nacional.

Los sectores obreros y populares de la ciudad debemos tomar nota e intervenir: nuestra salud no puede quedar en manos de quienes nos condujeron a esta situación. Es urgente que en cada lugar de trabajo se conformen comités de trabajadores/as para efectivizar las medidas de seguridad e higiene, gestionadas y controladas por personal sanitario. Ante la demora e insuficiencia de la ayuda distribuida por el municipio, comités vecinales deberían controlar la entrega de asistencia alimentaria y kits sanitarios en los barrios, como oportunamente exigió el Polo Obrero. Con hambre y sin condiciones de higiene no hay cuarentena posible: se hace urgente el acceso universal al IFE y su aumento a $30.000, como un verdadero seguro al parado que se financie en el impuesto progresivo a los grandes capitales tal como propone el único proyecto presentado al Congreso, que es el del Frente de Izquierda.

En nuestro municipio, los recursos necesarios para la asistencia y para reforzar el sistema sanitario deben provenir de aumentar inmediatamente el impuesto a la piedra que pagan las cementeras y garantizar el control obrero de su cobro. Se deben prohibir efectivamente los despidos y garantizar el cobro íntegro del sueldo para todxs lxs trabajadorxs, suspendiéndose las actividades que no sean esenciales. Así como el intendente interpeló a lxs olavarrienses para avalar su levantamiento de la cuarentena, ahora él debería rendir cuentas públicamente en una interpelación pública.