Ni bien se comenzaba la cuarentena allá por marzo, el intendente Galli decretó al municipio en “emergencia económica, financiera y administrativa”. En su momento, desde el Partido Obrero denunciamos que la situación de “emergencia” era anterior a la pandemia, y la excusa perfecta para ajustar. La confirmación a nuestra denuncia llegó en mayo, cuando el gobierno municipal presentó con atraso la Rendición de Cuentas 2019 y blanqueó el déficit de $354.650.773.

La crisis política se desató en la última sesión del HCD, ante la decisión de los aliados radicales de Galli de votar en contra, siendo los más duros en sus críticas a la Rendición y su rojo de más de 350 millones. Celeste Arouxet, quien fuera la más firme defensora de las rendiciones anteriores, confesó que “todas las semanas le decía [al intendente] lo difícil que estaba la defensa”. Este “fuego amigo” es el que puso en duda la posibilidad de aprobar la Rendición de Cuentas disparando el bochornoso retiro de los y las concejales oficialistas del recinto.

El retorno de Juan Mujica al Concejo es en extremo incompatible: mientras se candidateaba hacía alarde de la “independencia financiera” de nuestro municipio, en diciembre asumió testimonialmente como concejal para pasar a ser subsecretario de Hacienda, desde donde elaboró y defendió como representante del Ejecutivo la Rendición deficitaria y ahora pretende votarla él mismo (!!!). Un “todoterreno” de la tropa de Galli.

Por su parte, la oposición del Frente de Todos se pronunció en contra de esta Rendición pero evita pronunciarse sobre el decreto de emergencia económica. Evidentemente, que el peronismo-kirchnerismo denuncie a Galli por la declaración de emergencia sería una hipocresía cuando los gobiernos de Alberto Fernández y Kicillof armaron su propio andamiaje de leyes y decretos para administrar el presupuesto a su antojo, suspender la movilidad jubilatoria, pagar el aguinaldo en cuotas y negociar con los buitres el pago de la deuda externa.

Los números de la Rendición muestran que la suspensión de la obra pública que se dictó en marzo, en realidad ya se venía imponiendo durante todo 2019, ya que solo se ejecutó el 7% del presupuesto aprobado. Por esto no llegaron las obras prometidas en numerosos barrios y localidades. Con tamaña subejecución, ¿en qué se gastaron los 350 millones del déficit? Por algo Arouxet se cubre la espalda y dice que ese rojo es indefendible. El pueblo de Olavarría merece saber de qué se trata, qué se ha hecho con los fondos públicos del municipio, que salen en su mayoría de sus bolsillos.

Está perfectamente claro que el déficit presupuestario y la crisis económica los pagamos las y los trabajadores. La debilidad financiera es usada para profundizar el ajuste en el municipio con más despidos (como los de Cultura), recortes de horas extra, etc. Mientras tanto, en el Concejo Deliberante se protagonizan numerosos escándalos pero no sale ninguna iniciativa a favor de las y los vecinos.

Desde el Partido Obrero señalamos que el pueblo olavarriense debe intervenir ante esta crisis política. Reclamamos la apertura de los libros contables del municipio bajo supervisión de una comisión integrada por representantes de las sociedades de fomento, sindicatos y organizaciones populares. Galli y sus funcionarios/concejales deben dar explicaciones en una audiencia pública. Es imperioso el aumento del impuesto a la piedra a las empresas cementeras y establecer tasas extraordinarias a las grandes patronales del campo y la industria que virtualmente no han tenido cuarentena y mantienen su rentabilidad. Que la crisis la paguen los patrones y no los trabajadores. El pueblo quiere saber de qué se trata y debe intervenir en ese sentido.