Por Pablo Giuliano.Corresponsal para Telam

Las protestas iniciaron en Camaçari, donde la empresa tiene la primera fábrica de automóviles del Nordeste.

Trabajadores de Ford, la empresa que decidió cerrar sus tres fábricas en Brasil y despedir a las 5.000 personas que emplea en forma directa, protestaron este martes contra esa retirada y responsabilizaron al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien afirmó que la automotriz "desentona" con la supuesta recuperación industrial brasileña.

El impacto político y económico de la salida de Ford tras 101 años en Brasil causó un sinfín de reacciones, entre ellas la del gobernador de Bahía, Rui Costa, del Partido de los Trabajadores (PT), quien contó que se comunicó con la embajada de China en Brasilia para que busque inversores en el parque industrial que dejará la estadounidense en la ciudad de Camaçari.

Las primeras protestas contra la decisión de Ford fueron precisamente en Camaçari, en el interior de Bahía, donde la empresa tiene la primera fábrica de automóviles del Nordeste, abierta en 1997 con una política de incentivos fiscales que el Gobierno de Bolsonaro y su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, combaten.

En medio de esta política económica, Ford decidió el pasado lunes cerrar sus plantas en Brasil -en el marco de una reconversión tecnológica, explicó- y en el futuro importará sus unidades desde Argentina y Uruguay.

"Los propios ejecutivos de Ford nos dijeron que era por la inestabilidad económica y la incertidumbre del Gobierno federal", aseguró, sin embargo, el presidente del Sindicato de Metalúrgicos de Bahía, Julio Bomfim.

Bomfim dijo que la decisión de Ford es un "crimen" contra 12.000 empleos directos e indirectos y pidió que se investigue la concesión de créditos estatales y exenciones impositivas otorgados a la empresa.

El ministro Guedes, así como las oficialistas de la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp) y la Confederación Nacional de la Industria, atribuyeron la decisión del gigante automotriz a un supuesto costo adicional que las empresas deben afrontar al operar en Brasil, conocido como "costo Brasil", por lo que concluyeron que lo que se necesita es un ajuste en el sector público y una baja de impuestos.

El presidente de la poderosa central empresaria Fiesp y uno de los articuladores del juicio político contra Dilma Rousseff en 2016, Paulo Skaf, afirmó que es necesario implementar una "agenda para reducir el costo Brasil, mejorar el ambiente de negocios y aumentar la competitividad".

En su retirada, Ford cerró también la planta paulista de Taubaté y la de Horizonte, en el estado de Ceará, aunque mantendrá su sede regional sudamericana, que funcionará para tareas administrativas, en la ciudad de San Pablo.

El golpe político al Gobierno fue indisimulable y, por eso, Bolsonaro y su gabinete reaccionaron de inmediato.