LOCALES

16 de noviembre de 2012

Planta de fertilizantes: el senado provincial aprobó un pedido de informes de María Isabel Gainza

Fue en la sesión de este jueves y en el mismo se reclama información sobre el funcionamiento de la empresa Agroservicios Pampeanos S.A -ubicada en Colonia Hinojo, en el partido de Olavarría- por las sospechas de vecinos de riesgos sanitarios y ambientales provocados por las emanaciones, desechos y sustancias contaminantes que participan del sistema de producción de la planta.

Durante la última sesión de la cámara alta, se aprobó la solicitud de informes promovida por Gainza en la que recuerda que en los últimos años un grupo de vecinos autoconvocados, decidieron dirigirse a organismos municipales y provinciales a fin de obtener soluciones ante las constantes emanaciones de humo y otros desechos provenientes de la fábrica de fertilizantes.

Los reclamos habían sido dirigidos hacia el Municipio, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), la UFIMA (Unidad Funcional Federal para la Investigación de Delitos contra el Medioambiente), la Dirección de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente; todo ello sin la obtención de respuestas concretas ante el reclamo sostenido.

En este contexto, la senadora olavarriense pide al Ejecutivo que explique en qué categoría industrial está inscripta la empresa. “En caso de no existir la clasificación industrial mencionada en el punto anterior, indique cuáles son los motivos por los cuáles la empresa en cuestión funciona de manera habitual y permanente, siendo la categorización un requisito indispensable para su ejercicio”, sostiene la iniciativa. Además, indaga  “si la empresa posee el Certificado de Aptitud Ambiental ya sea expedido por la Autoridad de Aplicación o el Municipio, como requisito único y obligatorio previo al inicio de actividades”, y si ha existido una permanente evaluación y fiscalización de la normativa que regula el funcionamiento de esta empresa.

La legisladora argumenta que el marco constitucional nacional y provincial, "protege ampliamente el derecho a un ambiente sano y el cuidado del mismo como baluarte para las generaciones futuras. Además, la obligación inclaudicable del Estado en su manifestación provincial y municipal de disponer los controles pertinentes para el efectivo ejercicio de tal derecho invocado".

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