Antes de llegada del funcionario provincial que estipuló la posibilidad de una mediación, las trabajadoras reportaron que la “toma se inició por la necesidad genuina de un pequeño grupo de familias atravesadas por la problemática habitacional y de hacinamiento, concentra en el lugar al día de hoy (N. de R. 8/4), más de 100 familias en la misma situación. En su mayoría personas jóvenes con hijos/as; familias monoparentales de mujeres madres con hijos/as; mujeres en estado de embarazo; personas migrantes; atravesadas por la situación de pobreza”.

Afirman que pudieron constatar que “se trata de personas que, ante la situación de falta de vivienda y recursos para sostener sus alquileres, decidieron tomar un predio municipal del Barrio Lourdes. Si bien son diversas las situaciones que atraviesan, manifiestan que la mayoría ha solicitado ante el municipio soluciones habitacionales, para prevenir situaciones de hacinamiento, en algunos casos desde hace más de 10 años, y aún no hay respuestas con políticas públicas al respecto”.

Consideran “urgente comenzar con un abordaje integral de la situación, articulado desde lo local con las diversas instituciones y niveles del Estado que considere todas las aristas de esta problemática desde un enfoque de Derechos Humanos. Así mismo, y entre tanto la situación sea resuelta, se considera que ante el contexto de aumento de casos que atraviesa el país y la localidad por la pandemia de COVID-19, es imprescindible atender la emergencia con elementos de higiene, baños y asistencia alimentaria, hasta tanto la justicia resuelva la cuestión jurídica”.

“Ambos organismos ponen a disposición sus recursos y personal a fin de arribar a un completo diagnóstico de la situación y su resolución satisfactoria y pacífica”.