La propuesta, remitida al Senado para su consideración,”redobla los esfuerzos del gobierno provincial para perseguir el narcotráfico, los desarmaderos ilegales, la trata de personas y combatir la provisión y circulación ilegítima de armas de fuego”, según argumentó el diputado Guido Lorenzino, del Frente para la Victoria-Partido Justicialista. Marcelo Saín (Nuevo Encuentro), Walter Martello (Coalición Cívica), y Marcelo Díaz (FAP) fueron oradores de expresiones en disidencia con la medida, que finalmente resultó aprobada por mayoría.

También el cuerpo sancionó la ley que crea el departamento judicial Avellaneda- Lanús.

Otro proyecto que recibió acompañamiento de los diputados fue el que fija un límite máximo al costo de los créditos a otorgarse a jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social bonaerense, a través de la operación del sistema de código de descuento a favor de terceras entidades. La iniciativa es el resultado de la fusión de proyectos elaborados por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Ottavis (FPV-PJ); Gustavo Vignali (Radicales del Pueblo), y Ricardo Lissalde (Alternativa Peronista).

Asimismo, la Cámara de Diputados respaldó el proyecto elaborado por Alicia Sánchez, del FPV-PJ, expropiando inmuebles, maquinarias e instalaciones ubicadas en Piñeyro, Avellaneda, para adjudicarlas a la cooperativa de Trabajo Curtidores Unidos Limitada, ante el aplauso de un grupo de obreros llegados de ese distrito.

En otro orden, se aprobó la iniciativa de la diputada Karina Nazábal (FPV-PJ) que modifica la ley 13074 de Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Esta iniciativa establece el impedimento para la realización de trámites como operaciones bancarias, habilitación de comercios e industrias, o ser designados en cualquiera de los 3 poderes del estado provincial a quienes no cumplan con sus obligaciones alimentarias.

También recibió respaldo unánime el texto elaborado por Natalia Gradaschi, de Nuevo Encuentro, para crear la figura del Abogado del Niño en la provincia de Buenos Aires, quien deberá representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte.