Durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, se publicó el decreto 802/2001 que habilitaba y promovía la participación privada en la Dirección Nacional de Vialidad, lo que el sindicato denunció como una forma de privatizar y liquidar la repartición. Así, luego de las protestas simultáneas en todo el país que incluyeron cierre de pasos fronterizos y puentes internacionales, el decreto fue derogado.