Miércoles 6 de Julio de 2022

LOCALES

24 de febrero de 2022

La UNICEN reafirma su política de Derechos Humanos: cubrirá el juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en Azul y Tandil

En el mismo se juzgarán los delitos ocurridos en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio La Huerta, La Quinta de los Mendez, el Instituto Superior de Enseñanza Rural, las comisarías Primera y Segunda de Tandil, la Unidad Penal N°7 de Azul y el Regimiento de Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón” de Azul.

El debate dará inicio este viernes 25 de febrero en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces subrogantes Nicolás Toselli, Luis Imaz y Fernando Machado Pelloni.

 

En la oportunidad, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría participarán de la cobertura de la apertura del juicio y de las audiencias. Se prevé que se realicen audiencias dos veces al mes, por lo cual se estima que el juicio tenga una extensión de dos años.

 

La cobertura se llevará adelante a través de un trabajo coordinado entre los medios de la Facultad de Ciencias Sociales, Abra TV, la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional del Centro y el área de Derechos Humanos de la UNICEN.

 

Específicamente, Radio Universidad 90.1 realizará salidas en vivo desde el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, donde estará la cronista Soledad Restivo. Los informes y notas de cada una de las audiencias del juicio serán compartidos a todas las radioemisoras del país que forman parte de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas (ARUNA).

 

Además se publicarán las crónicas de las audiencias a través de la Agencia de Noticias Comunica.

 

En tanto, desde el área de Derechos Humanos de la UNICEN se articulan tareas en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.

 

De esta manera, la red de medios de la UNICEN y en particular los gestionados desde la Facultad de Ciencias Sociales vuelve a convertirse en canal con la comunidad olavarriense y de la región para difundir los detalles de cada una de las audiencias del debate en el que se juzgará a acusados y cómplices de los delitos ocurridos en la última dictadura cívico militar, en pos de lograr la reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado.

 

El juicio

Durante las audiencias está previsto que declaren más de 250 testigos, entre los cuales se encuentran más de 100 víctimas (de las ciudades de Tandil, Azul y Olavarría, entre otras) y 26 acusados, entre ellos militares, policías, penitenciarios y civiles.

 

En el debate el Ministerio Público Fiscal estará integrado por los fiscales Santiago Eyherabide y Juan Pablo Curi, y los auxiliares María Eugenia Montero y Julio Darmandrail. Las querellas están representadas por Ariel Pelegrino, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

 

De manera reciente el Equipo de Acompañamiento a Víctimas y de la participación en la Mesa de la Huerta de la UNICEN solicitó que el juicio se pueda realizar en la sede de la Universidad Nacional del Centro, como ocurrió con el juicio Monte Pelloni I, cuyas audiencias se llevaron adelante en el Campus Universitario de Olavarría. Sin embargo, hasta el momento el Tribunal Federal de Mar del Plata no respondió a dicho pedido.

 

El circuito represivo que pertenece a la Sub Zona 12 abarca el Ex Centro de Detención, Tortura y Exterminio conocido como “La Huerta”, las comisarías Primera y Segunda de Tandil, la “Chacra de Méndez” y el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER) de Tandil. Además el Jardín Maternal De Paula, la ex Delegación de la Policía Federal (hoy Juzgado Federal), la Comisaría 1°, la Unidad 7 y el Regimiento de Azul.

 

Desde el área de Derechos Humanos de la UNICEN resaltaron que “los Juicios de Lesa Humanidad, son juicios que llegan con más de 45 años de atraso. Muchas víctimas y victimarios han fallecido. La reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado es una obligación del Estado Argentino, y del cumplimiento de la normativa del derecho internacional de los derechos humanos.”

 

Expresaron además que “las víctimas de estos juicios deben ser reparadas en su más amplia dimensión, no sólo a través de una sentencia, sino siendo escuchadas, contenidas, y tenidas en cuenta, por este Estado y esta Justicia que hoy y desde hace 15 años viene juzgando y condenando los delitos aberrantes que el propio Estado les causó”.

 



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