La sucesión de los hechos de esta investigación comienzan a mediados de noviembre de 2021, pero hay que irse unos 20 años para atrás, porque la mujer estuvo casada por 19 años con el acusado, hasta que la Justicia Correccional lo encarceló, también, por situaciones de violencia de género.

En noviembre de 2021 el hombre fue excarcelado y apareció en la casa de la mujer, ubicada en la zona del Barrio Lourdes, sin aviso. Al decirle que no podía estar allí, porque estaba vigente una restricción de acercamiento y una exclusión del hogar, se retiró, aunque ya había violado la decisión de la Justicia de Familia.

Ahí comenzó un serie de idas y vueltas, siempre con el trato violento y profiriendo amenazas, que pudieron darse por probadas en la investigación, e incluso hasta un período de convivencia, ya que la víctima, como muchas veces sucede en estos casos, percibió un cambio en la actitud del ahora detenido.

En la solicitud de prisión preventiva, la Fiscal Viviana Beytía de la UFI 5 especializada en Violencia Familiar y de Género, recopila testimonios de familiares y amigos de la víctima que indican que la situación de violencia era constante y venía desde antaño.

En los últimos meses se profundizó, y el acusado hasta llegó a proferir amenazas de muerte a la víctima a través de su madre, una amiga y vía telefónica, además de presencial, a la propia amenazada.

En medio de todo esto, hasta se pudo acreditar una situación de coacción, donde buscó obligar a la mujer a tener relaciones sexuales, mientras regía una restricción de acercamiento y exclusión del hogar.

“Él me tiene como una propiedad” puede leerse en una de las declaraciones de la mujer, donde se advierte que la víctima entiende lo que pasa, pero al mismo tiempo, en el relato trasluce el padecimiento que sufre por no poder salir de la situación a la que la somete el acusado.

Varias veces, y distintas personas, mencionan como una amenaza habitual “te/la voy a cortar en pedacitos y la voy a enterrar”, que hasta fue repetido por uno de los hijos pequeños de ambos, ya que lo escuchó a su papá.

En uno de los hechos de desobediencia, pudo ser aprehendido y esto posibilitó que el Ministerio Público pueda comenzar a sistematizar todo lo sucedido, para pedir una detención y, ahora, una prisión preventiva.

Además también, la causa se eleva a juicio oral y público para que se determine la culpabilidad del sujeto en la investigación por “Amenazas simples -dos hechos-, coacción simple, violación de domicilio y desobediencia -tres hechos- en concurso real y en contexto de violencia familiar y de género”, según la decisión del Juez de Garantías, Eduardo Villamarín.