Explicó que la familia, más allá que pueda ocurrir alguna vez, ya no tiene injerencia en la decisión final debido a que la ley indica que todos somos donantes, a no ser que hayamos expresado en vida la negativa.

Pidió pensar también ‘desde el otro lado’, ya que quien espera en lista también tiene derecho a un órgano, por ley.

Respecto a la pandemia y la complicación que esta les trajo, señaló que las unidades de cuidado intensivo, donde habitualmente se procuran los órganos, estaban destinadas exclusivamente a covid.

Por otro lado, no se podía por una cuestión biológica, implantar un órgano de alguien infectado, ya que las personas que reciben la donación, están inmunosuprimidas.

Por la Ley Justina, reglamentada en 2018, se duplicó la cantidad de donantes en el país, cosa que impactó fuertemente en el 2019.

En el 2020 se redujo a los números previos a la sanción de la norma por la pandemia. Se recuperó un poco en el 2021, señaló y, espera, que este año pueda recuperarse del todo.

Sostuvo que hoy día en Argentina, todos somos donantes, a menos que dejemos la voluntad expresada.

La relación con la familia se establece antes que la ablación tenga lugar y es importantísima la comunicación en ese momento, sobre todo, para dar a conocer los alcances de la ley.

Finalmente, afirmó que el equipo que se necesita para implantar un órgano es diferente al de ablación.

Agregó que lo que es implantación se hace en los hospitales de ciudades más grandes que, por otro lado, tienen ya experiencia en hacerlo.