Según la documentación a la que pudo acceder LU32, Catanzaro fue objeto de una sentencia en el Legajo correspondiente al Registro Notarial Nº 15 (N. de R.: nombre oficial de la Escribanía Catanzaro) del Partido de Olavarría, luego de haber sido inspeccionado.

Se observa que la sentencia que le imponen a Catanzaro, data del 19 de mayo de 2014 “con motivo de la inspección de los protocolos correspondientes a los años 2003 a 2012 inclusive”, aunque no se explica cuál es la falta específica cometida por el escribano.

Las inspecciones a las escribanías las concreta, de manera regular y, también, en determinados momentos, como cuando el notario o notaria quiere incluir un adscripto o cuando está por jubilarse, el Juzgado Notarial de la Provincia, que tiene la potestad de controlar a los 2059 escribanos bonaerenses.

Alfredo Catanzaro, lo que hizo durante este tiempo a través de su apoderado, el Dr. Pablo A. Grillo Ciocchini reconocido jurista de La Plata, fue ir apelando en diferentes instancias esta sanción.

En todas ellas: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental en el 2016; la Suprema Corte de Justicia Provincial en 2018 y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2022, no se pudo revertir la sanción.

Se agrega que Catanzaro fue notificado de esto el pasado 6 de junio, con vigencia desde el día 10 de junio de 2022 en adelante.

Ahora hay que aguardar que la Justicia defina cuál es ‘notario depositante’, o sea, el que va a recibir los trámites que Catanzaro estaba llevando adelante.

De todas formas, la escribanía de la calle Hornos quedará con sus puertas abiertas para que los interesados retiren la documentación que crean conveniente, pero no podrá tomar trámites nuevos, ni definir los que tiene en curso.

Según pudo saber LU32, no se va a nombrar a un nuevo escribano por este período para el partido, ya que se trata de una suspensión en el ejercicio de su profesión, no de una cancelación de su matrícula.

En otro orden, recordemos, el escribano fue mencionado, últimamente, por uno de los imputados en la causa que investiga las estafas con terrenos, por ser quien certificaba la firma en contratos que luego no tenían validez.

Su declaración pública en torno al tema, fue con una carta de lectores al Diario El Popular.