En primer término, afirmó que aún no puede definir si hay participación sistemática del Estado o funcionarios en la estafa.

Agregó que en unos días tendrá el resultado del cruzamiento de llamadas entre los cuatro imputados y un informe preliminar, que le permitirá tomar otras medidas, en caso de corresponder, y que ayudará a establecer parte de la dinámica del hecho.

Detalló que irá incorporando ‘de manera legal’ lo remitido esta semana por el Concejo Deliberante.

Reconoció que muchos declarantes en la comisión ya lo han hecho con ella en la Justicia. Admitió que no puede tomarse a pie juntillas lo presentado en el escrito que confeccionaron los ediles, porque no pertenecen al Poder Judicial.

Si, agregó, tiene mucha información para analizar luego del allanamiento a las escribanías, donde hay unas 100 transacciones que puedan haber sido parte de la estafa.

Manifestó que están citando a declarar a las personas que aparecen en esos certificados.

En esa línea no comulga con lo argumentado por algunos escribanos en torno a que cuando se produce una ‘certificación de firmas’ solo se chequea la identidad.

Explicó que algunos letrados agregan a los certificados que solo se concreta el acto notarial de validar la identidad, pero no es el caso, por ejemplo, de Catanzaro, que no lo escribe.

Reveló que los afectados, por ahora, son 40 personas.

En su mayoría, dijo, con terrenos particulares, aunque también hay unos pocos terrenos de la provincia y otros que la municipalidad había cedido a vecinos para que construyan y han terminado en otras manos.

Finalmente, advirtió que han declarado muchos funcionarios de la Municipalidad en calidad de testimonial, como Diego Robbiani, Secretario de Desarrollo Humano, María José González, a cargo de Casa de Tierras; Marcelo Fabbi, responsable de Legales y ex funcionarios como una mujer a cargo de Catastro.