De las declaraciones ante el fiscal Calonje, la Comisión indica que una de las cuestiones más graves es que reconocieron que el libro de guardia de la comisaría, donde se consigna lo que sucedió ese día, describe hechos que no sucedieron. Es decir que se volcó información falsa y se adulteraron los registros. Así lo declararon Vanesa Núñez y Juliana Zelaya, dos de las policías imputadas.

Sumado a esto, Zelaya reconoce un hecho más grave aún: dice que escribió hechos falsos en el libro de guardia por orden de su superiora y segunda jefa al mando, la subcomisaria Karina Couchez.

Por otro lado, las mismas oficiales dijeron que nunca se realizaron las tres inspecciones al calabozo que se habían informado oportunamente. Sin embargo el oficial Adrián Núñez, otro de los imputados, insiste con que si se hicieron.

Mas allá de estas contradicciones que emanan de las declaraciones y que serán objeto de la investigación, surgen datos de interés para avanzar en la pesquisa  sobre la presencia y el verdadero  accionar de otros agentes policiales, especialmente personal jerárquico de la dependencia que fue parte de la trama de ocultamiento del hecho durante varias horas.

A esta serie de reconocimientos de falsificación y contradicción entre los testimonios de los agentes policiales se sumó además un hecho que reviste una enorme gravedad institucional. La defensa de las y los agentes imputados estará a cargo de abogados del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Esto denota claramente una decisión política que sostiene la actuación corporativa de la fuerza policial. Todas las personas tienen la posibilidad de contar con defensor público gratuito cuando se les imputa un delito, sin embargo, los agentes policiales tienen en este caso una protección mayor al ser asistidos por el mismo Ministerio. Esta situación no se registra en otras áreas del estado: ningún Ministerio paga los abogados de los funcionarios cuando se los investiga por un delito. Sería como si un Ministerio defendiera a un agente que le robó al propio organismo o el Ministerio de salud a un médico demandado por mala praxis.

Esta súper protección a la policía por parte del Ministerio de Seguridad es sin dudas un privilegio para las y los agentes imputados que contraria los principios republicanos de igualdad ante la ley. Por el contrario, el Ministerio de Seguridad debería iniciar investigaciones administrativas para delimitar la responsabilidad de los funcionarios policiales y resulta difícil de pensar que estas actuaciones sean objetivas cuando el propio Ministerio defiende penalmente a las y los policías que son el centro de esta investigación.

Desde el inicio de la causa, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel Di Bin; Juliana Zelaya y Vanesa Núñez designaron como sus abogados defensores al cuerpo de asesores del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires compuesto por los Dres. Rubén Ceferino Aquila, Vanesa Yesica Cuccaro, Sergio Leonardo Suárez Berg y María Adela Etcheves Lavie. Luego algunos de ellos sumaron defensores particulares.

A las y los cinco policías se les imputa el delito de homicidio triplemente agravado por su comisión con alevosía, en concurso premeditado de dos o más personas y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de su función, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.