El encubrimiento y la represión, en marcha
Como es usual en estos casos, el encubrimiento de las responsabilidades policiales empezó desde el minuto cero, partiendo de la ficción del suicidio. El mismo libreto siguieron los policías implicados en las muertes de Daina Abregú, en la comisaría de Laprida hace tres años, o de Sofía Férnandez, en Pilar en 2023. El abogado César García —el mismo que defendió a los asesinos de Daiana— salió a los medios a reforzar el relato encubridor. Habló incluso de que vio las cámaras de seguridad de la Comisaría, que sin embargo aún no fueron aportadas como prueba por parte del Ministerio de Seguridad.
El relato policial de que se suicidó en el calabozo se desmorona desde el primer día. Su familia y amigos lo pusieron en cuestión y aparecieron los videos que mostraban la realidad de la brutalidad policial: se ve y escucha a efectivos del Comando de Patrullas golpeando a Gonzalo ya reducido, tirado en la calle; ya en la comisaría, se escuchan los gritos de Gonzalo pidiendo ayuda porque no podía respirar. 
Los resultados de la autopsia que han trascendido públicamente también cuestionan el relato fantasioso de la policía: Gonzalo tenía 39 lesiones por todo el cuerpo y su muerte fue por ahorcamiento, dentro de la comisaría. La policía de Olavarría y especialmente la de la comisaría primera tiene un prontuario de denuncias de torturas e incluso condenas a policías por eso y por casos de corrupción (horas Polad, protección a cambio de pago). 
Si faltaban pruebas del accionar policial violento y arbitrario, se sumó la represión de la marcha por Justicia del jueves 24 de julio. Allí fuimos detenidos arbitrariamente junto a Lautaro Méndez. Nuestro reconocimiento público como militantes y candidatos del Frente de Izquierda garantizó que no se nos tratara como es moneda corriente con los detenidos. No le pasó lo mismo a Caterina Pereyra, contra quién sí se ejerció violencia verbal y física, al ser una piba laburante de barrio que no estaba organizada. Las acusaciones que hicieron sobre nosotros, solamente sostenidas por el relato de la policía que no aportó ni pruebas ni testigos, son tan inverosímiles como la hipótesis del suicidio de Gonzalo.

Kicillof y Wesner son responsables políticos
La violencia policial y la represión en Olavarría son la expresión local de una política general. La responsabilidad política es directa. Enmarcado dentro de la política represiva que Milei y Bullrich promueven ante cada manifestación popular, Axel Kicillof encubre y fortalece a esta policía asesina y reprime y persigue a quienes nos oponemos. 
El gobierno provincial usa a la Bonaerense —y a su brazo de elite, la UTOI— para regimentar los barrios, ocupar comedores, perseguir a la juventud y establecer la prisión preventiva como norma. Es el accionar sistemático de una fuerza podrida hasta la médula, responsable de regentear el delito organizado —narcotráfico, trata, zonas liberadas— y que, al mismo tiempo, se ensaña contra jóvenes, trabajadores y pobres. Mientras tanto, el gobierno les garantiza impunidad, les paga la defensa a los efectivos involucrados, e incluso reincorpora a las fuerzas a los policías responsables de crímenes como el de Daiana.
Desde la intendencia del camporista Wesner, a pesar de que ya pasó un mes de la muerte de Gonzalo, no se oyó a ningún funcionario local ni a sus candidatos a concejales emitir opinión sobre lo sucedido. Ni siquiera un tímido pedido de justicia. Este silencio no es la reacción impotente ante las fuerzas represivas, sino una activa y consciente colaboración con el operativo de encubrimiento. Siguiendo la bajada de la intendencia, organizaciones y militantes del peronismo dejaron de participar de las movilizaciones. Durante la represión, el gobierno local se reunió y coordinó con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, cuyo funcionario Andrés Escudero declaró que el operativo había sido “impecable”, avalando el accionar policial antes, durante y después de la detención y muerte de Gonzalo. 
Como vocero tanto del gobierno provincial como del municipal, este funcionario mintió descaradamente: acusó a quienes estábamos detenidos de promover disturbios y violencia y dijo que estaban en contacto y asistiendo a la familia de Gonzalo. La desmentida de su madre fue categórica: Wesner “no nos dio nunca una respuesta de nada”. Por el contrario, en lugar de acercarse a la familia, el intendente entregó nuevos móviles a los policías, reforzando sus recursos represivos, y les pidió que cuiden los patrulleros. En ese acto de campaña electoral no dijo ni una palabra sobre cuidar a la población, víctima por doble vía de la inseguridad y de la violencia policial.
Un mes fue tiempo suficiente para que las fuerzas políticas de la ciudad, las de gobierno y las de oposición, tuvieran oportunidad de expresar sus posiciones respecto al accionar policial. Su silencio e inacción por el esclarecimiento del asesinato de Gonzalo Tamame los hace cómplices. De la mano de estos políticos crece la impunidad y se convalida la violencia policial. Solo la movilización popular puede romper los tejidos de encubrimiento que el Estado garantiza sistemáticamente a los policías asesinos. Por eso, desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda estuvimos y vamos a seguir acompañando a la familia de Gonzalo en su reclamo de Justicia.