La senadora Gainza pide informes sobre vínculos entre funcionarios e instituciones del Estado y determinadas consultoras.

En un proyecto específico, se habla de una eventual “vinculación de funcionarios o de instituciones de la administración pública provincial con la consultora AR&asociados, dado que ésta, en su página web, ha afirmado poseer entre sus clientes al Sr. Daniel Scioli; a la Lotería de la Provincia de Buenos Aires; al Ministerio de Gobierno de la Provincia y a un Ministerio de Desarrollo Social de inespecífica jurisdicción”.

La legisladora pide copia de los contratos firmados, si se contrataron a través de licitaciones o en forma directa y, en el último de los casos, las argumentaciones y motivos. Además, pregunta si existen cláusulas de confidencialidad y qué información se pretende limitar, quiénes son los propietarios de las consultoras, los medios a los que se otorga pauta oficial, los criterios de elección, el dinero invertido en medios y consultoras y el análisis de efectividad de las campañas.

Existe, dice Gainza, una “obstinada ausencia de criterios claros y objetivos para establecer qué, cuándo y cómo lo que se difunde y financia con fondos públicos se corresponde con publicidad oficial y no con propaganda particular; sumada a que la normativa vigente alienta las contrataciones directas a pesar de constituir un mecanismo de excepción (V.g.: Art. 26 inc. k) y o) de la Ley 7.764; que el decreto 59/01 hizo extensivo a “las tareas previas a la difusión de los actos de gobierno, tales como la producción, realización y edición del material publicitario (…) así como las investigaciones, mediciones y evaluaciones sociológicas que permitan determinar de modo fehaciente el cumplimiento de los objetivos, niveles de captación, eficiencia y eficacia del mensaje publicitario”); la indefendible inclusión de cláusulas de confidencialidad en la contratación de medios; y la selección arbitraria de empresas en la asignación de contratos y pautas publicitarias, reclama de los representantes democráticos un esfuerzo ineludible por dotar de transparencia y racionalidad al manejo de información y al uso de los recursos de todos los bonaerenses”.

En cuanto a las relaciones de funcionarios específicamente con la consultora AR&asociados, pide que se “ratifique o rectifique la afirmación referida a las mencionadas vinculaciones”. Si la respuesta es afirmativa, que se explique si el acuerdo con el Gobernador fue de carácter personal o institucional y la procedencia de los fondos con los que se abonan los servicios. Además, pide profundizar en los vínculos con Lotería y el Ministerio de Desarrollo Social y que se explique “de manera exhaustiva toda vinculación contractual existente entre la consultora en cuestión y el Estado Provincial”.

Gainza recordó que “durante la pasada campaña, el Gobernador orientó al tema publicitario, de manera explícita, más de 300 (trescientos) millones de pesos, un promedio de casi un millón de pesos por día”. Entonces “ante tan marcada inclinación a la difusión de mensajes publicitarios y los exorbitantes montos implicados, la afirmación de la Consultora AR&asociados – presidida por la Lic. Alejandra Rafuls- por la que sostiene las vinculaciones mencionadas, se torna necesario establecer, de manera fehaciente, en qué consisten, bajo qué condiciones se ha establecido y qué costo representa para el presupuesto provincial”.

La empresa “se presenta como especializada en situaciones de crisis y en cómo prevenirlas con estrategias integrales de comunicación” para lo que dice contar “con un sólido equipo de prestigiosos profesionales: periodistas, publicistas y expertos en imagen, relaciones públicas y ceremonial” por lo que cabe preguntarse cuánto le cuesta a la Provincia acceder a estos servicios.

Gainza sospecha que pueden ser muchos más los organismos del Estado que hayan adoptado esa modalidad de difusión y se basa también en que existe una ausencia de difusión de lo erogado en publicidad.

Esto se confronta con “las dificultades sistemáticas para el cumplimiento de otras pautas presupuestarias como las previstas para el Servicio Alimentario Escolar, los Centros de día y convivenciales, los programas de Niñez y Adolescencia, Envión, Juventud, Prevención de la Violencia Familiar y Sexual y Asistencia a las Víctimas, por citar sólo unos pocos ejemplos”. Por eso “se impone enfatizar en este aspecto la custodia de los recursos públicos”.