Lunes 6 de Febrero de 2023

LA PROVINCIA

6 de enero de 2023

Olavarriense en la audiencia donde se pidió quitar la personería al Sindicato de Peajes

Continúa el conflicto entre la empresa estatal AUBASA, que gestiona la autopista Buenos Aires – La Plata y las rutas de la costa, y el SUTPA a cargo de Facundo Moyano. Eduardo Rodríguez, del Foro Olavarría y responsable de Relaciones Institucionales de la empresa, forma parte de la representación que, según el gremio, pidió ‘desaparecer’ al sindicato.

Para el sindicato, este pedido constituye ‘un grave intento contra los derechos fundamentales de los trabajadores en general y del SUTPA en particular, que no tiene antecedentes en un gobierno que se denomina a sí mismo "peronista, progresista y que defiende a los trabajadores" y no se condice con este período sostenido de democracia en nuestro país. Nos debemos remitir a la Dictadura Militar para encontrar hechos de estas características’.

En un comunicado, mencionan que “Desde agosto de 2021 nuestra Organización ha reclamado pacífica y pacientemente una y otra vez los mismos puntos y sólo obtuvimos agresivos ataques a nuestros representantes y ninguneos reiterados. Claramente, los funcionarios provinciales intervinientes desconocen el derecho nacional e internacional que nos asiste como Organización Gremial (Convenios 87 y 98 de OIT y artículo 14 bis de la Constitución Nacional)”.

“Cabe señalar además que la Conciliación Obligatoria no anula el derecho constitucional a huelga y quien incumplió esta instancia fue la empresa despidiendo a un trabajador que el Ministerio intimó a reincorporar. La Conciliación es un instrumento para encauzar un conflicto y, en este caso puntual, la problemática sigue siendo la misma y está lejos de solucionarse debido a los reiterados incumplimientos por parte de la empresa a los acuerdos celebrados oportunamente en el ámbito del Ministerio de la Nación”.

“Con el objetivo de sembrar el miedo entre los trabajadores, AUBASA ha enviado cartas documento a diestra y siniestra, amenazando con descontar no sólo las horas de este paro, sino también las horas correspondientes a una medida anterior que ya fueron abonadas. Esto pone de manifiesto nuevamente el grado de desconocimiento de todo derecho que evidencian los responsables de esta empresa absolutamente quebrada que en 2022 perdió casi $ 5.000 millones por falta de gestión y de políticas adecuadas”.

“De no deponer estas actitudes dictatoriales, antiderechos y antidemocráticas, recurriremos a los tribunales nacionales e internacionales; nos asiste el derecho y la obligación de defender no sólo a nuestros afiliados, sino al conjunto de los trabajadores y trabajadoras argentinos”.



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