Explicó que los convenios están firmados en un contexto de país “normal”, es decir, que las prestaciones son mensuales, y las obras sociales tienen 30, 45 o 90 días para pagar. “En el contexto inflacionario que tenemos, es inviable”, consideró.

Aseguró que el problema se relaciona con cobrar un medicamento dentro de cuatro meses a un valor histórico, y que esto además genera un inconveniente en la cadena de pagos.

Dijo en ese sentido, que la decisión de delimitar la venta de medicamentos con descuentos no es oficial, sino que lo que está pasando es que “cada uno se está defendiendo como puede”.

“Mi capacidad de compra tiene que ver con el crédito que yo tengo en la droguería, y en la medida que a mí ese crédito se me va achicando, yo obviamente compro menos y vendo menos”, ejemplificó.

Manifestó que Olavarría no escapa a esta lógica. Pidió a la gente que “nos acompañe, porque están acostumbrados a tener una receta por tres cajas”. “Si no limitamos un poco, nos quedamos sin crédito para poder comprar”, advirtió.

Y puso el ejemplo de IOMA, que está pagando dentro del convenio, es decir, dentro de los 90 días. Pero repitió que es inviable sostenerlo por las condiciones del país, y que se deben reformular de manera rápida.

Sostuvo que las decisiones son individuales. “Necesitaríamos una medida unánime para encontrar un problema de fondo, porque si no lo que hacemos son mini parches a un problema que da para largo”, sugirió.

Remarcó que es una situación compleja porque queda la gente al medio y adelantó que en los próximos días podría haber novedades. Por el momento, aclaró, “es más declarativo que resolutivo”.