En entrevista con Claudia Bilbao en Radio M este miércoles, la síndica que estableció la Justicia para llevar adelante el proceso a pedido de un acreedor, en este caso uno de los trabajadores al que no se le cumplió con el acuerdo de salida, explicitó que el último de los administradores (N. de R. Lucas Torres), por su insolvencia, culminó con muchas personas sin trabajo .

Afirmó que continúan trabajando para establecer responsabilidades.

En torno a esa situación, admitió que podrían existir responsabilidades en la venta de las acciones, por eso se busca recaer en todas las empresas que han actuado.

Son varias, sostuvo, las empresas que se vendieron, se volvieron a vender y hasta hay algunos con juicios de cobro.

La última empresa que figura como propietaria es Chelsea SA y yendo para atrás hay un ‘montón de irregularidades’ que debe analizar el Juzgado y las partes involucradas.

El pasivo es de $197 millones, pero hay que sumarle los juicios en el Tribunal del Trabajo, aclaró la contadora.

‘Es imposible pagar con los bienes que hay’, detalló, porque las maquinarias no se pueden vender al valor original de compra.

En otro orden, Weisburd recordó que intentaron continuar trabajando una vez dictado el decreto de quiebra, debido a lo que presentaron quienes se habían hecho cargo.

Afirmó que en agosto, los ‘empresarios’ solicitaron una vuelta atrás de la quiebra a concurso, para poder ser ellos quienes manejaran la empresa y no la sindicatura, pero la jueza no hizo lugar.

En septiembre fue decretada la quiebra definitiva. Además reveló que han intentado rescatar bienes que estaban en otro lado, para tratar de hacer algo.

Finalmente, sostuvo que si no se ha cumplido con lo dispuesto por la ley de sociedades, se elimina la cuestión de lo ‘limitado’ de este tipo de empresas.

O sea, que los integrantes de las sociedades que se estudian que han participado, pueden tener que responder con sus bienes personales.