El gobierno nacional ha declarado que no enviará partidas extraordinarias más allá de lo estipulado por la coparticipación, sin favorecer ni desfavorecer a ninguna gobernación. En consecuencia, la provincia de Buenos Aires, muy beneficiada por la gestión saliente, debe buscar nuevas formas de generar ingresos. La administración de Axel Kicillof ha encontrado una solución: por un lado, solicitó y obtuvo la aprobación de la legislatura, con el apoyo del PRO y la UCR, para adquirir préstamos por un monto equivalente a 1.800 millones de dólares, lo que implica un mayor endeudamiento. Además, aprovechando a una oposición contemplativa, aprobó una nueva ley impositiva para este año que incluye una actualización periódica basada en la inflación e incrementos de hasta el 300% para el impuesto inmobiliario.

Siguiendo a su par, el Intendente electo por Olavarría, Maximiliano Wesner, optó por un as bajo la manga. A pesar de haber desaprobado, siendo concejal opositor, que los aumentos de las tasas fueran una facultad del jefe comunal, y consagrándose en ese cargo, pudiera haber vetado aquel decreto y buscar una forma más democrática. Sin embargo, parece que la conveniencia es oportuna. El presupuesto para este año preveía un aumento del impuesto que oscilaba entre el 85% y el 100 y pico por ciento, que, a pesar de algunas discrepancias dialécticas, fue aprobado, al igual que en la Provincia, con el apoyo del PRO y la UCR. Como resultado, encontraremos en las facturas de tasa de servicios generales urbanos que llegarán en febrero, incrementos del 106,4%. No es magia, es otra decisión política de ajuste, no de la libertad, sino de un camino nacional y popular.

Desde Libres del Sur hemos expresado nuestro descontento por estos incrementos en gestiones anteriores y si continúan utilizando esta herramienta, nosotros, con datos reales y una manifiesta libertad de expresión, seguiremos oponiéndonos a los golpes direccionados a los bolsillos de los contribuyentes. Porque este gesto suma al encarecimiento del costo de vida, a la pérdida del poder adquisitivo, que impulsó el DNU que habilitó la descontrolada remarcación de precios, los aumentos de servicios, a manos de los empresarios que forman la coalición de gobierno entre LLA, el PRO, la UCR, algunos peronistas y otros grupos políticos. Aunque la historia ha relatado que el peronismo ha sido el espacio político en favor del pueblo, estas acciones constatan el alejamiento de aquella premisa.

En un gobierno peronista kirchnerista, ¿No había otra forma de evitar sumar más ajuste a los vecinos de Olavarría?