“En el ámbito político creemos que es un decreto que no es de necesidad de urgencia y tiene parámetros inconstitucionales”, explicó. Agregó que los cambios estatutarios de sociedad que quiera tener el Banco, a través de una decisión gubernamental, tiene que ser cambiada la carta orgánica en el Congreso de la Nación.

Se refirió a uno de los argumentos que enuncia el decreto, en el que se advierte que el Banco Nación es un ente público deficitario. “Es un ente autónomo, no es deficitario, tuvo un superávit billonario el año pasado, y además, el 20% de rentabilidad del Banco va a las arcas del Estado Nacional”, aclaró.

Consideró que “la decisión tomada es una forma de tener parte de la masa societaria de capital que tiene el Banco de la Nación, entregarlo en bonos a algunos inversores de capital privado estadounidense para previamente entrar en el Banco y después privatizarlo”. 

Sobre esto, dijo que “puede ser un caos y puede ser un cierre parcial o total de muchísimas sucursales en todo el país con gente en la calle”. Asimismo, reconoció que se pierde la toma de decisiones.

 “Para nosotros es inconstitucional, vamos a demostrarle a la Justicia si hay un fallo previo. Lo importante es convencer a la población de qué es lo que quiere hacer el presidente con esto”, sostuvo en relación al decreto.