Los senadores bonaerenses radicales Orlando Costa y Carlos Fernández presentaron un proyecto que apunta a crear un nuevo marco legal para las autorizaciones que se otorgan en la Provincia para la explotación de salas de bingos y tragamonedas, que se instaló como eje de una polémica a partir de las denuncias lanzadas por el vicepresidente Amado Boudou contra la firma Boldt.

Según precisaron los legisladores, de aprobarse el proyecto toda nueva autorización deberá ser fundada por ley, "debiendo la autoridad de aplicación establecer, previamente, el procedimiento que garantice la concurrencia de ofertas de acuerdo con lo dispuesto en la presente y su decreto reglamentario".

"La renovación automática solo podrá otorgarse, ley mediante, cuando existan razones de emergencia económica que así lo ameriten", sostuvieron.

En la fundamentación de la iniciativa, los senadores argumentaron que "en la actualidad el criterio sostenido por la ley 11.018 otorga amplia discrecionalidad al Poder Ejecutivo, mediante el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, para manejar la renovación de las autorizaciones ya otorgadas".

"Estamos convencidos que la facultad discrecional que la misma otorga al Ejecutivo para la renovación de las licencias merece ser observada y limitada en sus alcances puesto que la misma, tal como se encuentra redactada, configura una clara delegación de facultades", expresó Costa.

Finalmente los senadores fundamentaron el proyecto basándose en que "el artículo 37 de nuestra carta magna establece que los juegos de azar deben ser "creados y reglamentados por ley", no admitiéndose "la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna otra forma jurídica".